Desde la publicación de la columna pasada, estuve realizando una señora reflexión para decidir con qué tema debería compartir con ustedes, amables lectores, para cerrar este año, 2018. Debo ser franco. La tarea fue difícil, más cuando priorizo los temas de índole económico.
De hecho, la coyuntura y perspectiva económica y política ecuatoriana, vista en su conjunto, propicia a referirse a particulares aspectos (para determinar su asimilación en nuestra realidad) como la reserva monetaria internacional, el riesgo país, o la relación Deuda-PIB (Producto Interno Bruto).
Es más, el panorama, coadyuvado por el debate colectivo ciudadano, estimula profundizar en asuntos más delicados –obviamente con la debida rigurosidad–, como por ejemplo el efecto de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) en la generación de empleo, y el surgimiento (de haber relación directa o indirecta) con la “destrucción creativa”.
A todo esto, mientras escribía estas líneas me convencí que, buena dosis de dificultad para tomar mi decisión estuvo dada por el interés constante en mi mente de tratar “el costo/beneficio del ajuste fiscal en una comunidad política de América Latina, y los comentarios del Banco Mundial al respecto”; considerando que se ha dado un vistazo breve a aquello.
Dicho todo lo anterior, tomé la decisión de revisar ello posteriormente. Ahora estimo oportuno realizar una sucinta mirada a la reciente decisión gubernamental sobre los subsidios a los combustibles, específicamente diésel.
Profundizando, el ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, don Carlos Pérez García, en declaraciones al programa televisivo Televistazo, aseveró que el subsidio se mantendrá solo para el transporte pesado y transporte público, pero que para los vehículos privados será el libre mercado.
Sensatas decisiones; también, el tender al libre mercado. Si determinado actor privado causa especulación, el Estado deberá corregir esa distorsión. ¡Muy bien! (O)