Alguna vez Kofi Annan dijo que “debemos escoger entre un mercado conducido por cálculos de ganancia a corto plazo y uno que tenga un rostro humano”. El mercado nacional es, por decirlo de algún modo, despiadado.
Las conductas anticompetitivas y la agresividad de las políticas empresariales amedrentan cualquier intento de incentivo al pequeño y mediano empresario, intentos que no terminan de cuajar en un mercado inmisericorde. El afectado: el consumidor. Un consumidor que se ha vuelto indiferente por la impotencia de un sistema que, históricamente, ha buscado priorizar el interés empresarial (que no es malo) sobre el interés social (que es muy malo). Un consumidor apático por la incapacidad de elegir y beneficiarse de las “bondades” del libre mercado.
A esto se suma la ignorancia ante una herramienta imprescindible para el funcionamiento correcto del mercado: la ley antimonopolio, proyecto en debate en el Legislativo. Ignorancia o temor frente a la posibilidad de que efectivamente se comience a competir. Hace algunas semanas, Miguel Macías Carmigniani escribía en El Comercio que “le parecía absurdo que (en el proyecto de ley) se establezca como conducta prohibitiva la negativa a negociar con actuales o potenciales proveedores (…)”. El proyecto de ley, según Marcelo Marín Sevilla, catedrático y asesor legal experto en Derecho de la Competencia de la Subsecretaria de Competencia, dice claramente que está prohibida la negativa injustificada de negociar. ¿Por qué justificar? Porque es desleal discriminar a un proveedor para que este salga del mercado, sin más argumento que el deseo de monopolizar un sector económico. Eso no es competencia y eso no beneficia al consumidor.
Macías continúa diciendo que “le parece inaceptable que se faculte a la (comisión) para que puedan ordenar que los comerciantes les entreguen informes y documentos reservados (…) sin previo aviso (…)”. Marcelo Marín Sevilla nos explica que en todos los países del mundo donde existe una agencia de competencia, la agencia tiene esta potestad. Potestad que evita el maquillaje de cifras y la entrega incompleta de documentos. Prácticas ilegales y alarmantemente comunes.
Finalmente, Macías asegura que “hay diversos artículos que facultan a la autoridad competente para controlar los precios, lo cual es preocupante”. Falso. Según Marín Sevilla, ningún artículo de ninguna ley de competencia faculta a la autoridad de competencia a que controle los precios. La autoridad de competencia investiga y eventualmente sanciona una conducta anticompetitiva, pero nunca controla los precios.
Esta es la primera parte de muchas imprecisiones. Mientras tanto, ¿qué rostro le damos al mercado?