Por fin, en el año 2018, tendremos consulta popular y el pueblo ejercerá su derecho a decidir sobre el futuro del Ecuador. El viejo régimen levantó un dique para impedir que la gente pueda pronunciarse sobre asuntos transcendentes de la vida nacional. No dio paso a la consulta popular impulsada por los Yasunidos, tampoco al referéndum sobre la reelección indefinida propuesto por la población movilizada el 2015.
La democracia no puede represarse para siempre. La indignación popular frente a la corrupción destapada en los últimos meses y la consecuente crisis política han alimentado este caudal democrático. La consulta no resolverá todos los problemas del Ecuador. Pero es un paso importante en la dirección correcta. Se abre un nuevo cauce de participación, el conjunto de la sociedad debatirá y tomará decisiones sobre temas tan trascendentes como el combate a la corrupción, la democracia, la defensa de la naturaleza y la protección de nuestros niños frente a los abusos sexuales.
El pueblo tiene, ahora, la oportunidad de castigar a los corruptos, de establecer políticas públicas para que estos no puedan ser funcionarios públicos, que devuelvan lo robado, que las grandes empresas que coimaron y cobraron millonarios sobreprecios nunca más tengan contratos con el Estado.
Según nuestra Constitución, el pueblo es el mandante y primer fiscalizador del poder público, de ahí que en la consulta podrá destituir a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana por incumplir sus funciones. También puede delegar al Consejo Transitorio la evaluación de los organismos de control, tan cuestionados hoy.
Ahora se levantan voces que califican a la convocatoria de la consulta como un golpe de Estado en marcha, una ruptura del orden democrático. Resulta que convocar a la población para que se pronuncie, para que tome decisiones no es un ejercicio democrático, sino un acto dictatorial.
Quienes se oponen al cambio, quienes no quieren ser fiscalizados, quienes defienden sus intereses, le temen a la voluntad popular en las urnas. (O) et