El Poder Judicial es uno de los poderes del Estado, muy diferente de los otros; a diferencia del Legislativo y el Ejecutivo no es periódico, sino que quien llega a juez se mantiene en ese lugar hasta jubilarse, en la mayoría de nuestros países (salvo alguna excepcional causa de remoción); tampoco sus miembros son elegidos por la comunidad ni están sometidos al escrutinio de la misma. La población suele saber de la actividad de presidentes, ministros, gobernadores o alcaldes y -en menor medida- de legisladores; pero es inhabitual que tenga conocimiento sobre las decisiones que se toman en el Poder Judicial, e incluso que conozca concretamente quiénes son los dignatarios de la justicia.
Ello hace del Poder Judicial un poder que está menos circunscripto al control social de lo que están los otros en la organización institucional del Estado. Lo cual, de alguna manera quizá no querida por ningún actor social (tampoco, a menudo, por los mismos jueces), finaliza en cierta burocratización del rol de los magistrados, y en una enorme dificultad para modificar las modalidades de funcionamiento de este sector del Estado.
Democratizar el Estado es fundamental, y por ello lo es también hacerlo con el Poder Judicial. Las medidas concretas para hacerlo dependen en cada país de la voluntad política de la población, movilizada a veces por iniciativa gubernamental; pero que está siempre sometida a algún tipo de escrutinio por los ciudadanos.
Bienvenidos sean los casos en que se comienza a hacer este tipo de modificaciones; será el modo de superar inercias fatales, como las que en Argentina tiene el Poder Judicial que fue cómplice de la dictadura, y que en gran medida sigue incólume. Pero que ahora comienza lentamente a agrietarse: ante denuncias de damnificados por derechos humanos durante la autocracia militar iniciada en 1976 ya fue destituido un juez, y ahora está otro cuestionado, por lo que en Argentina se llama Consejo de la Magistratura. La actitud de este último juez, de apellido Romano, no puede haber sido más antijurídica: se ha fugado a Chile, donde ha solicitado un improcedente asilo político.
Sin dudas una muestra elocuente de que el Poder Judicial reclama visibilidad para no caer en lacras que la población no pueda percibir, ya que el hombre pudo mantenerse en su cargo por casi 30 años luego de la dictadura sin ser denunciado ni sancionado.