Para América Latina los impactos de la pandemia van a significar al menos una década de retraso hasta poder retornar a los niveles de riqueza anteriores a la misma, pero alcanzarlos tampoco es un gran avance dadas las condiciones estructurales de desigualdad y pobreza en la región. Su intensidad y persistencia tiene efectos multidimensionales que están directamente relacionados con las condiciones internas de nuestra ya debilitada economía que debió soportar un durísimo golpe en la oferta y demanda agregadas internas, al que se suman otros factores externos como una reducción en la dinámica del comercio mundial, y la propia duración de la crisis sanitaria que en nuestro caso será más dilatada por el lento y desigual avance en los planes de vacunación.
Poco espacio ha existido para adoptar políticas sanitarias, económicas y sociales que mitiguen los impactos de la crisis. A corto plazo se aprecia un incremento de la desocupación, una reducción de los salarios y los ingresos, y aumentos de la pobreza, la pobreza extrema y la desigualdad. En el mediano y largo plazo, las mayores consecuencias podrían concretarse en la quiebra de empresas, lo que reducirá la densidad del tejido productivo y de la inversión privada, con su consecuente deterioro en el capital humano y disminución de la tasa de crecimiento.
Lo cierto es que la magnitud de los impactos refleja una matriz de desigualdad social integrada por unos ejes estructurantes que implícitamente clasifican la sociedad en distintas clases sociales y que, a través de ellas, se distribuyen de forma distinta estos impactos en todos los ámbitos. Lo más grave es que existe especial afectación y marcada inequidad en el trato a la mujer, a niños y ancianos, a la condición étnico-racial y al territorio, dadas las grandes concentraciones institucionales y de servicios en las grandes ciudades.
Mitigar los impactos en el corto plazo requiere medidas expansivas de gasto fiscal que ahora mismo no son posibles mientras no se racionalice el gasto corriente del Estado y las limitaciones en la deuda pública. Parece ser que una reforma tributaria diseñada para simplificar e incentivar la inversión privada y otras de tipo financiero, son un camino apropiado sin perder de vista el largo plazo, con el fin de que sus efectos conduzcan a superar problemas estructurales como nuestro rezago tecnológico, productivo y la elevada desigualdad. Enorme el reto del gobierno y, por si fuera poco, debe lidiar con un entorno político poco amigable y con intereses que van más allá de lo que permite la moral pública. Por eso debemos morigerar nuestras expectativas. Mientras el gobierno mantenga un norte de sostenibilidad fiscal, un inicio de reconversión productiva, un mayor apoyo social focalizado y una guerra declarada a combatir la corrupción debemos darnos por satisfechos.