La aquiescencia de gran parte de la ciudadanía ante la decisión del presidente Rafael Correa es notoria, tras plantear la remisión y archivo de los dos juicios implantados en contra de diario El Universo, el columnista Emilio Palacio y los autores de “El gran hermano”, Juan Carlos Calderón y Christian Zurita. Como dato relevante, habría que decir que tales juicios ya tuvieron sentencia por parte de la Función Judicial.
Los acontecimientos que antecedieron a los procesos legales de repercusión nacional e internacional, sin duda, desgastaron energías que pudieron ser empleadas en bien del quehacer patrio. Sin embargo, hay que motivar serias reflexiones como detonante final de esta lamentable página en nuestra historia contemporánea que provocó el cuestionamiento de la tarea periodística, ante criterios y reseñas investigativas interpretadas por el Ejecutivo como injurias calumniosas.
No cabe duda de que el ejercicio comunicacional es determinante en la convivencia social, en tal sentido, la responsabilidad ulterior que emane de su desempeño debe estar a la altura de las circunstancias históricas de toda nación. Hay que implementar lineamientos profesionales que conduzcan a desbrozar el entramado de la verdad, desde la rigurosidad y el desempeño probo.
Dejando a un lado el sensacionalismo y lo que se va haciendo mala costumbre: el activismo político. Basta observar las entrevistas de los noticiarios televisivos matinales para confirmar lo citado. El periodista debe desentrañar los hechos contando para el efecto con la ética de procedimientos. Más allá del rating o el aumento en la venta del tiraje de ejemplares de periódicos.
En el Ecuador se reactivó en las últimas semanas la discusión sobre la pertinencia en las sociedades civilizadas del respeto a las libertades. Más que eso, de la propagación de las libertades. No creo de ninguna manera que en nuestro país se hayan coartado -o se coarten- las libertades de pensamiento, expresión y prensa, de indiscutible complementariedad. No vivimos en una dictadura para que eso ocurra.
Lo que sucede es que el Gobierno Nacional, con una alta dosis ideológica, ha puesto el dedo en la llaga, al confrontar con aquellos sectores tradicionales detentadores del poder financiero y, “coincidentemente”, mediático. Y, en ese pugilato se han revelado marcados intereses de grupo y sucesos de dimensión moral y deontológica, ya que en el periodismo debe primar la realidad de manera veraz, solo así la credibilidad será su mejor carta de presentación.
El ambiente conflictivo no es conveniente para ninguna comunidad. Más aún cuando se suma la práctica de violencias (verbal y física) que ensombrecen la anhelada paz colectiva. Concluido este triste episodio que traspasó los parámetros de querella particular, y que, a más del ámbito jurídico, tuvo una connotación política, también vale que el Primer Mandatario acoja lecciones vitales.
Por ejemplo, que su condición presidencial sea aprovechada para invocar a la concordia, a través de un discurso constructivo y equilibrado. Su postura de perdón es una valiosa actitud, que recompone las fisuras provocadas en la población. Es un buen paso para alcanzar la armonía y recobrar el espíritu de reconciliación nacional.