El 28 de junio del año pasado se formalizó la creación de la Subsecretaría de Diversidades adscrita a la Secretaría de Derechos Humanos.
Fue una decisión histórica. Por primera vez en Ecuador hubo la voluntad política para trabajar específicamente contra la discriminación de las personas LGBTIQ+ desde una cartera del Estado. El Presidente hizo este anuncio en su cuenta Twitter, Carondelet se iluminó con los colores del arco iris y la fecha escogida para esto fue precisamente el día del Orgullo LGBTI. Todo esto apenas a un mes de posesionado el nuevo gobierno.
El art. 11, numeral 2 de la Constitución del Ecuador reconoce, entre otras categorías de sospecha, a la orientación sexual y la identidad de género como facetas de la personalidad por las cuales no puede ser discriminado ningún ciudadano o ciudadana. Este artículo está en concordancia con el art. 3, numeral 1 de la Constitución que indica que es deber primordial del Estado ecuatoriano garantizar el uso y goce efectivo de los derechos establecidos en la Constitución y los instrumentos internacionales, en particular educación, salud, alimentación, seguridad social y agua a todos los habitantes sin excepciones y sin discriminación alguna.
Pese al marco legal que propicia la igualdad y el no discrimen, y que incluso sanciona penalmente las conductas discriminatorias, la violencia que sufren las personas sexo diversas no es algo que se haya erradicado en el país. Es más, el discrimen suele darse aun de parte de los mismos funcionarios públicos, agentes de la policía u operadores de justicia.
El informe estadístico publicado por el INEC nos demuestra que si bien es cierto es la familia el primer y más frecuente lugar en donde se vulneran los derechos de la población LGBTIQ+, no es el único. De la población encuestada por el INEC para confeccionar su estudio, el 27,3% señaló haber experimentado actos de violencia por parte de los agentes del orden, de los cuales el 94% manifestó haber sufrido gritos, insultos, amenazas y burlas; y un 45,8% ha sido detenido de forma arbitraria. Denunciar estos abusos por parte de funcionarios públicos y agentes de policía pone a las víctimas en la delicada situación de visibilizar completamente su orientación sexual/identidad de género, lo cual no es necesariamente lo que ellas desean. Por el contrario, exponerse es algo que quieren evitar. Esto hace que las vulneraciones de los derechos de la población LGBTIQ+ queden en la impunidad. Otros espacios en los que la comunidad sexo diversa ha denunciado sufrir discrimen, exclusión y rechazo son los ámbitos de salud, educación, laboral y de justicia.
Esto nos permite diagnosticar que existe una homofobia estructural profundamente arraigada en la sociedad ecuatoriana, desgraciadamente a todo nivel. Y que el hecho de que hoy contemos en nuestro país con leyes que en teoría propician la inclusión y buscan erradicar todo tipo de discrimen…la realidad nos muestra otra cosa: se dan casos de bullying en unidades educativas, el Registro Civil no inscriba a hijos o hijas de parejas homoparentales que mantienen uniones de hecho legales, estables y monogámicas, o que incluso ya están casadas, hay procesos contra personas homosexuales o transexuales para quitarles la patria potestad de sus hijos, existen centros de deshomosexualización que pretenden cambiar la orientación sexual a sus pacientes mediante internación y terapia sicológica.
Con la salida de la secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordoñez, y de todo su equipo de trabajo nos queda la incertidumbre de qué pasará con la Subsecretaría de Diversidades y todo el trabajo que llevaron a cabo en estos meses los subsecretarios Felipe Ochoa y Alexander Guano.
Hace un año veíamos con incredulidad un gobierno que parecía comprometido con promocionar los derechos humanos; hoy desgraciadamente en este tema, todo es naufragio y retroceso.