Pontificia Universidad Católica del Perú y Red de Politólogas
La crisis sanitaria global por el COVID-19 ha llevado a los ejecutivos en el mundo a recurrir a estados de emergencia, a limitar derechos y a usar facultades legislativas extraordinarias, cuando no a legislar mediante delegación de facultades. En este contexto, los parlamentos cumplen una función esencial en democracia a fin de enfrentar institucionalmente la crisis, supervisar las acciones del gobierno y legislar para la emergencia.
Los parlamentos han tenido que afrontar tres problemas para adaptarse a los retos de la virtualización: los problemas tecnológicos, los jurídicos y los derivados de garantizar la calidad de sus procesos democráticos. En lo tecnológico, la pandemia ha develado los problemas derivados de la brecha digital y, en retrospectiva, destaca la importancia de los procesos de modernización que se llevaron a cabo en la década pasada. El parlamento digital importa contar con una infraestructura que garantice seguridad en la información y sobre todo certeza en el voto de cada parlamentario. En el ámbito jurídico, muchos parlamentos realizaron reformas a sus marcos legales tradicionales a fin de facilitar las sesiones virtuales. Hemos asistido en el mundo y particularmente en la región, a una transformación del parlamento tradicional al virtual. Aunque en algunos casos se han mantenido sesiones mixtas, se han acelerado los cambios hacia un parlamento electrónico. En cuanto a la calidad de los procesos democráticos, los retos son respetar los principios de participación y deliberación, así como la transparencia en el proceso de toma de decisiones que a su vez garanticen la calidad de la democracia.
La emergencia ocasionada por el COVID-19 plantea, por un lado, restricciones al ejercicio de derechos fundamentales por las cuarentenas y el cierre de fronteras; y del otro, demanda del Estado acceso a la salud en condiciones de igualdad, gestión eficiente libre de corrupción y atención a los problemas económicos derivados del impacto económico de la pandemia. El control parlamentario atiende ambos objetivos y juega un rol de la mayor trascendencia en el ejercicio de los checks and balances. La participación frecuente de ministros en las sesiones es una buena práctica de control y colaboración que fortalece la vigencia del sistema democrático.