Muchos de los ecuatorianos que tenemos la convicción de que los recursos financieros de nuestro país se encuentran enajenados en los llamados paraísos fiscales, donde la banca internacional permite ocultar dineros legales o probablemente mal habidos de algunos personeros de la política, esperaríamos que en algún momento estos recursos regresen para que sean invertidos en el desarrollo de esta nación, que lucha por conseguir que haya un poco de igualdad y de equidad entre todos los ciudadanos, pero que se ven impedidos de lograrlo precisamente porque los propietarios de los medios de producción y de las empresas exitosas, generalmente agrupados en los núcleos de poder, no lo permiten, generando, al contrario, la pobreza en las mayorías que padecen dificultades por el desempleo y la falta de oportunidades, lo que conduce a la pobreza generalizada con la frustración de los jóvenes que no pueden estudiar y de las amas de casa impedidas de resolver el mantenimiento de las familias.
Es claro que un sistema de esta naturaleza frustra las posibilidades de que los ciudadanos se conviertan en emprendedores de negocios fructíferos, que permitan desarrollar las capacidades de ciudadanos empeñados en impulsar todos los recursos posibles, para hacer de esta sociedad un centro dinámico de generación de empleo, en beneficio de las grandes mayorías carentes de posibilidades, y con frecuencia víctimas de un sistema en el que solamente los grupos de grandes financistas tienen las capacidades de aglutinar la riqueza de toda una colectividad.
Esto hace que se cree una desesperanza entre los ciudadanos que aspiran a poder salir adelante, sin caer en la mendicidad ni en la delincuencia común, o en el tráfico de drogas, o las distintas formas de ganar un poco de recursos para satisfacer los requerimientos de sus familiares, que están a la expectativa de resolver la solución a sus necesidades e insertarse en el aparato productivo y generar una vida digna.
El Gobierno Nacional ha expresado su preocupación y trata de evitar que los recursos de los ecuatorianos se sigan depositando en la banca comercial internacional. La denuncia de que estos fondos están siendo depositados por los grupos de poder en los bancos de los paraísos fiscales, ha generado la iniciativa de convocar a una consulta ciudadana, para que, conjuntamente con la elección de Presidente de la República, se vote por conseguir una reforma constitucional que prohíba que quienes mantienen dineros en esos bancos estén impedidos de ser candidatos, o peor, ser electos para desempeñar las altas funciones de la primera magistratura, por estar reñidos con la ética que demanda pulcritud para quienes ocupen importantes cargos en el Estado.
No cabe la menor duda de que esta iniciativa gubernamental, formulada por el presidente Correa, va a despertar una amplia solidaridad del pueblo ecuatoriano, que considera inaceptable que hombres de negocios irregulares sean los que manejen los destinos de un país que ha conocido en esta última década el éxito de una propuesta política clara y solidaria, y que mantiene una gran esperanza, porque nuevos y mejores días lleguen para nuestra patria. (O)