En abril de este año, Rajoy aplicó un primer paquete de medidas que incluyeron una reducción de gastos sociales, aumento de precios de combustibles y luz e impuestos. En I/2012 la contracción de la economía fue de -0,4% y el desempleo 24,4% (5,6 millones).
La crisis inmobiliaria afectó al sistema financiero con cuentas incobrables elevadas provocando problemas de liquidez y solvencia que afectaron su estabilidad.
La desconfianza en la banca llevó a retiro de depósitos y salida de capitales que agravaron la situación del sistema financiero y el Gobierno solicitó un rescate financiero a la UE por 100.000 millones de euros. Como el desembolso de este se demoró, la incertidumbre financiera condujo a que se elevara la prima de riesgo, por varios días, por arriba de los 500 puntos, aumentando el costo de endeudamiento del gobierno (7%), que lo hacían insostenible.
A pesar de que la UE flexibilizó el objetivo del déficit fiscal de 5,3 a 6,3% para este año, el Gobierno aprobó un segundo paquetazo, condicionado por la entrega de 30.000 millones de euros del salvataje bancario. Se trata de ahorrar 65.000 millones, en dos años, con incremento del IVA general de 18 a 21% e IVA reducido de 8 a 10%, pero de este grupo pasarán algunos bienes al primero (sanitarios, óptica, de limpieza, construcción de vivienda, espectáculos). Se mantiene el IVA superreducido en 4% para productos básicos. Aumentan los impuestos ambientales y al tabaco.
Se retrasará la edad de jubilación que pasaría de 65 a 67 años y se recortarán las prestaciones por desempleo a partir del sexto mes de estar inactivo. Se elimina la deducción por vivienda y el aguinaldo de Navidad de los funcionarios públicos. Se reducen los gastos de ministerios y el aporte a la seguridad social para aminorar el coste de aportación de los empresarios.
Es un segundo golpe a la economía familiar, pues se incrementará el costo de la canasta básica. Saldrán afectados, además, los que estén próximos a la jubilación, los desempleados y los empleados públicos. Todo esto es por las condiciones que ha impuesto la UE por el salvataje bancario. Se trata de reducir el déficit fiscal para asegurar la devolución del crédito del salvataje y calmar los mercados.
Es un plan de ajuste aplicado por shock, a la que se adicionan las reformas estructurales (laboral) y la privatización de transporte ferroviario, aéreo y terrestre. Hay un proceso de precarización de las condiciones de vida, con albergues con lista de espera, banco de alimentos con más gente, con comedores populares que no se dan abasto y los desalojados de viviendas aumentan. Como es un plan con efectos contractivos, España seguirá en recesión, más desempleo y mayor pobreza. Mientras que los causantes de la crisis tienen un salvataje bancario, los políticos hacen recaer el costo de esta sobre la mayoría de la población, pauperizándola más. El BCE, CE y FMI buscan equilibrios macroeconómicos ahorcando a los más débiles de
la sociedad.