A través de esta columna, en varias ocasiones hemos alertado o puesto en evidencia temas relacionados con la minería ilegal, actividad que tan tremendo daño causa en los diferentes territorios, pero sobre todo en la región amazónica.
Cuando se detectan yacimientos, especialmente de oro, es muy difícil mantenerlos sin explotar. Una especie de fiebre del oro se despierta y son muchos quienes, a pesar de los riesgos en los que incurren, se arriesgan a desplazarse a los lugares mineros, usan métodos tan nocivos como el mercurio o inclusive hacen gala de utilizar maquinaria pesada para remover y desbrozar el territorio, sin ningún cuidado ambiental o social.
Por ello es por lo que debemos tener una política muy clara y definida respecto de la explotación minera, con reglas por todos conocidos y sin que primen los favoritismos a pequeña o a gran escala, que pongan en riesgo a tan frágiles sistemas como los amazónicos.
En este sentido no es sorprendente lo que acaba de suceder en las zonas de Punino Alto y Talag, en las provincias de Orellana y Napo en donde una coalición de fuerzas, lideradas por los militares, debieron entrar y acabar con una serie de maquinarias, así como testimoniar los destrozos que se realizaron en los diversos territorios de esta zona tan especial, tan biodiversa y extraordinaria.
A veces, aquellas empresas, que son tan combatidas por ciertos sectores, ejercen una natural defensa y resguardo de estas zonas, por lo que, cuando se retiran, son los mismos pobladores de esas zonas, quienes sienten indefensión frente a los asentamientos y explotación de la minería ilegal.
El próximo gobierno debe actuar de manera muy cuidadosa frente a la minería ilegal, propiciando marcos legales adecuados y con la disyuntiva de cuidar las zonas frente a los ataques de la delincuencia organizada.