En el Ecuador del siglo XIX la naciente banca privada tuvo el monopolio de la emisión del dinero, poder del que abusó durante el dominio plutocrático (1912-1925) caracterizado por la sobreemisión fraudulenta de papel moneda. La dependencia del Estado de los créditos de los poderosos banqueros devino crecientemente en sujeción a sus ávidos intereses, conduciendo a una grave crisis económica a inicios del siglo XX.
La respuesta a ese descalabro fue la creación del Banco Central de Ecuador (BCE), institucionalizado como el único banco emisor de dinero del país desde 1927 hasta el 2000, cuando la dolarización adoptada por la oligarquía neoliberal causante de la crisis económica más profunda del siglo XX aniquiló la herramienta de política monetaria del Estado.
Con el acceso al gobierno de la RC y la implementación de una política económica orientada a desmontar el neoliberalismo, se abría la posibilidad de desarrollar algo de política pública monetaria a través del proyecto de dinero electrónico que se empezó a desarrollar desde 2011. En el marco de un país sin moneda propia y con una economía dolarizada a la que le cuesta anualmente millones comprar billetes, este proyecto permitía aumentar la velocidad del circulante, eliminar la necesidad de la moneda física y facilitar a la ciudadanía el acceso a pagos más eficientes de los servicios.
Pero, además, en un Ecuador en el que la gran mayoría de la gente tiene su dinero en el ‘colchón bank’, el que se haya pensado al dinero electrónico como una empresa exclusiva del BCE, implicaba disputar el mercado bancario a la todopoderosa banca privada, a fin de canalizar recursos para los proyectos estratégicos de beneficio social. Significaba, entonces, disputar su capacidad de acumulación.
Ardió Troya. El dinero electrónico había nacido como un ‘pecado original’. ¿Cómo podía el Estado pecador desafiar a un dios mortal? Empezaría, entonces, la campaña más sucia de desprestigio de lo público, orquestada por la banca y los medios de comunicación, encaminada a erradicar del paraíso al dinero electrónico público.
El gobierno de Moreno ha resultado susceptible a esa campaña. El 29-08-2016 decidió sacar el dinero electrónico de manos del BCE y entregarlo a la banca privada. Con ello está privatizando una iniciativa pública y destruyendo ese mínimo de política monetaria planteado por la RC. No solo que abriría las puertas a la más potente acumulación con la captación de la masa de potenciales clientes no bancarizados, sino algo más grave: dada la tendencia a la universalización de este medio de pago móvil, en la práctica entregaría a la banca privada el control de la moneda, retrocediendo al país a la situación de hace un siglo. Con su historial de manejo irresponsable, además, ¿quién nos garantizaría que ella no vaya a emitir dinero electrónico sin respaldo? ¿Cómo sabemos que no va a materializar las intenciones perversas que le endilgó al BCE?
Con esta decisión, Moreno ha asestado otra puñalada a la RC, revelándonos los verdaderos intereses que representa su gobierno. (O)