Son numerosos los efectos que causa la globalización en el mundo, la mayoría en el campo económico, aunque no es menor lo que también genera en la cultura. La globalización al tiempo que ha impulsado condiciones de expansión del capital y de las actividades económicas, también ha causado problemas relacionados con el control de las mismas, lo que se evidencia de manera concreta en la tributación y la evasión fiscal internacional. Hay que saludar por esto el desarrollo de nuevas iniciativas dirigidas a mitigar estos inconvenientes que afectan los intereses presupuestarios de los estados en desmedro de la atención a millones de ciudadanos desfavorecidos. Acaba de realizarse la Primera Cumbre Ministerial de Latinoamérica y el Caribe para una Tributación Global incluyente, sostenible y equitativa.
Representantes de alto nivel oficial y de la sociedad civil de 16 países -con apoyo de la CEPAL y de las Naciones Unidas-, se reunieron en Cartagena de Indias y aprobaron el instrumento que establece la Gobernanza de la Plataforma Regional de Cooperación Tributaria para América Latina y el Caribe. El objetivo es crear una instancia permanente de coordinación tributaria, que se transforme en un espacio de discusión sobre temas tributarios que afectan a países de la región.
Se trata de buscar conocimiento de manera conjunta, compartir experiencias, aportar para la adopción de posiciones comunes y soluciones concretas no obligatorias que orienten la toma de decisiones sobre política tributaria de la región, en el horizonte de hacerlas más incluyentes, equitativas, sostenibles ambiental y socialmente favorables al crecimiento, la reducción de las desigualdades y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por su parte, los países más desarrollados hace tiempo entendieron la ventaja de pensar y de actuar conjuntamente, por ejemplo, a través de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que ha hecho aportes fundamentales en materia tributaria, en orden a cuidar intereses de esas naciones.
En la Cumbre, el secretario ejecutivo de la CEPAL, José Manuel Salazar-Xirinachs, expresó algo esencial: “Es fundamental pensar y diseñar la política fiscal de manera tal que compatibilice los requerimientos de estabilidad de corto plazo con los del crecimiento y el bienestar de largo plazo. La región requiere de una profunda revisión de sus pactos fiscales, sobre la base de marcos de sostenibilidad de las finanzas públicas pero centrados en una combinación de aumento de los ingresos permanentes, y mejora de la calidad y asignación del gasto. Ambos elementos son esenciales para poder avanzar en la transformación de los modelos de desarrollo hacia modelos que sean más productivos, inclusivos y sostenibles”.
Esperamos que este novel espacio de diálogo y coordinación sintonice las complejas realidades de los países de la región para decantar en posiciones comunes frente al resto del mundo, y en soluciones a los grandes problemas de la tributación internacional, así como en una mejora de la política pública y de los marcos jurídicos que las siguen. Allí también debe considerarse los avances que en materia tributaria se han dado en la Comunidad Andina, sobre todo, con la Decisión 578 sobre el régimen andino para evitar la doble tributación internacional, y con las decisiones 388, 599, 600 y 635 de armonización de los impuestos al valor agregado y a los consumos especiales, suntuarios o específicos; además, debe servir para agilizar el intercambio de información entre administraciones tributarias y reducir la competencia fiscal nociva.
Ante los problemas compartidos de nuestros países, como la pérdida de control, de información y de recaudación por el acrecimiento de las operaciones económicas internacionales, la expansión y la complejidad de la economía digital, la falta de incorporación de nuevas tecnologías en la gestión tributaria, los paraísos fiscales y el blanqueo de capitales, las grandes operaciones empresariales con deslocalización de las rentas, la crisis sistémica, los insuficientes recursos económicos ante crecientes demandas sociales, la debilidad estructural para negociar con países más adelantados, sería muy beneficioso que esta nueva iniciativa regional se consolide, ojalá con base en decisiones vinculantes, y en aportes del más alto nivel político y técnico de los estados, así como de la academia, del sector productivo, de los trabajadores, y de los organismos multilaterales preocupados por el progreso de la región en condiciones de equidad y con enfoque social.