El país vivió, hace un año, uno de los momentos más intensos de la historia de las luchas sociales. Un levantamiento que, convocado por el movimiento indígena, movilizó a incontables actores y a decenas de miles de personas espontánea y organizadamente para oponerse a una medida gubernamental que obligó al presidente Lenin Moreno a aceptar su demanda: la derogatoria de un Decreto que terminaba con los subsidios a los combustibles.
La explicación de este fenómeno no radica necesariamente en la fortaleza orgánica de la Confederación. La entidad indígena es muy heterogénea y la articulación de posiciones comunes nunca ha sido fácil. La magnitud de la movilización, en realidad, no fue prevista por nadie y la respuesta a ella por parte del gobierno fue cercar el centro histórico de Quito y trasladar sus operaciones a la ciudad de Guayaquil.
La reacción popular a las medidas fue masiva a lo largo del territorio nacional, pero la protesta estuvo acompañada no solo de marchas sino también de incendios de edificios públicos, daños a infraestructura, intentos de sabotaje, interrupción de vías, secuestro de policías y militares. Frente a esta convulsión social se desplegó la policía, salió el Ejército a las calles, se declaró estado de excepción y toque de queda. El saldo del conflicto fue de diez muertos, más de mil de heridos y detenidos en el país.
La respuesta política del gobierno ecuatoriano fue atribuir la protesta a una conspiración protagonizada por el ex presidente Correa y sus partidarios. El hecho cierto es que esta fuerza política cometió un error estratégico importante pues intentó sumar a la agenda social una demanda electoral, que básicamente consistía en exigir la salida del presidente y el adelanto de elecciones en el Ecuador. La reacción de los movimientos sociales fue el desacoplamiento explícito de la agenda electoral de Correa y una retórica de distanciamiento que evocó los diez años de un gobierno intolerante y represivo en contra estos mismos movimientos.
La contención social, provocada durante el período de la denominada “Revolución Ciudadana”, se desbordó en el régimen de Moreno que produjo cierta apertura democrática con diferentes actores políticos. No obstante, estos diálogos no prosperaron y el gobierno, en medio de una marcada debilidad, terminó apoyándose en la derecha ecuatoriana.
No hay una causa, se trata de una confluencia de factores: la insatisfacción social con el modelo económico, la dificultad gubernamental para comprender las causas de la movilización, actores políticos con agendas electorales, la producción de políticas económicas que excluyeron las necesidades de los sectores más pobres, explican la intensidad de lo ocurrido en octubre de 2019. (O)