La epidemia del covid-19 nos exige enormes desafíos en todos los planos de la vida humana. Vivimos tiempos de aguas turbias y turbulentas, sin saber cómo y cuándo saldremos de ellas. Ahora, con el nuevo Gobierno, estamos con vientos nuevos, por lo que corresponde arreglar los desajustes ocasionados desde hace más de una década y que desembocaron en que entre el Régimen y las fuentes de legitimidad del poder público surjan varias interrogantes sobre la democracia representativa, al tiempo que ocasionaron una tensión elevada entre transparencia, calidad de las instituciones y sistemas de control estatal que estallaron en conflictividad social, problemas de la economía y sus consecuencias. Pero hay una crisis que también es transversal, que corresponde a los criterios de validación de la información y el manejo de la misma en beneficio de la sociedad.
Por tanto, es prioritario cambiar los estilos de gobierno. El Instituto de Altos Estudios Nacionales, como la primera universidad de posgrado del Estado, ha impulsado de manera decidida y permanente el abordaje de temas relacionados de forma directa con el quehacer del Estado, la Administración pública, el gobierno y las políticas públicas, entre los que podemos mencionar: la apertura de la gestión pública, la gobernanza participativa, el gobierno abierto, entre los principales. Sin embargo, esta tarea no es completa sino se orienta a atender las necesidades y demandas de la ciudadanía, para que esta se constituya en el eje central y razón de ser de la Administración pública y se incorpore, como mandante, al diseño, implementación y evaluación de la política pública, en el marco de un Estado abierto.
Hoy los Gobiernos no pueden tener la información bajo siete llaves, se requiere lo que se denomina el gobierno abierto para transparentar la gestión pública; dentro de esta dinámica la intervención de la sociedad civil organizada y la academia es importante y necesaria. Por lo que una de las estrategias es la construcción de observatorios de la gestión pública.
Se acaba de constituir el Observatorio de la Función Pública en Ecuador, en el que intervienen varias organizaciones de la sociedad civil, entidades del Gobierno Central y descentralizados, junto con la academia y también con el valioso aporte de la cooperación alemana GIZ, la cual aportará con información de experiencias de noventa y cinco observatorios internacionales, datos que permitirán implementar un espacio similar en Ecuador, el Observatorio de la Función Pública en mención. La puesta en funcionamiento de esta iniciativa permitirá a la sociedad civil y a los funcionarios hacer seguimiento al avance de temas como la simplificación de trámites, la prevención de la corrupción y la evaluación de las políticas públicas.
Los observatorios ciudadanos en el mundo sirven para disponer de información confiable y oportuna que los gestores de lo publico deberán considerar, al tiempo que permitirá que las organizaciones de la sociedad civil sean veedoras del buen uso de los recursos e instituciones del Estado.