Tras casi un mes desde la incursión de la policía ecuatoriana en la embajada de México con sede en Quito, la sociedad ya ha desviado su atención hacia otros asuntos. Sin embargo, el tema de México y Ecuador apenas comienza a discutirse en la Corte Penal Internacional. Por ahora, Ecuador responde de manera adecuada.
Cordura y lógica son los principios que deben primar ante cualquier juicio. Ninguna sanción debe aplicarse sin tener una visión completa de la situación. En este caso, esa visión se ve empañada por la complicidad del gobierno mexicano actual, que facilitó la fuga de un convicto, desvirtuando así el propósito de una embajada y convirtiéndola en un refugio. Esta responsabilidad recae únicamente en el gobierno mexicano. Ahora, el debate se centra en el aspecto filosófico, intentando determinar las consecuencias de utilizar y abusar de una embajada de esta manera.
Intención, acto y finalidad son tres conceptos que no pueden pasarse por alto al analizar lo ocurrido. Ecuador no buscaba enemistarse con México ni tenía la intención de incomodar a nadie. Su único propósito era detener la complicidad que estaba a punto de cometer el gobierno mexicano para favorecer a un reo. La intención de México, evidentemente, era violar la soberanía de Ecuador, traicionando la confianza depositada en su embajada.
¿Cómo debería fallar la Corte Penal Internacional? No hay muchas opciones. Si la Corte decide sancionar a Ecuador, sentaría un precedente que permitiría a cualquier país desvirtuar el propósito de sus embajadas con finos políticos y para favorecer a delincuentes. En este caso, tanto Glas como López Obrador enfrentan acusaciones graves de participación en actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque no han sido confirmadas por la justicia, sí han sido denunciadas públicamente.
Por otro lado, si la Corte Penal Internacional decide no sancionar a Ecuador, enviaría el mensaje de que la desvirtuación de una embajada está prohibida y conlleva consecuencias. El derecho internacional se basa en la premisa de la fraternidad entre las naciones, y el abuso de las inmunidades y restricciones que otorga el derecho internacional constituye una traición hacia el país que hospeda una delegación diplomática. México y el mundo deben comprender que la desnaturalización de los beneficios diplomáticos tiene un costo, incluida la vergüenza internacional por degradar una embajada al nivel de un refugio. Definitivamente, no le debemos nada a México.