El derecho a protestar, a estar en desacuerdo es un derecho fundamental en una democracia. Si la oposición protesta, quienes apoyan el proyecto político del actual régimen también tienen derecho a hacerlo. Lo que no es admisible es que bajo el paraguas de protestar, se quieran encubrir prácticas atentatorias a la democracia.
Si la oposición –de derecha y la izquierda “radical”- encuentra un punto en común es que no propone un plan de gobierno, un plan de país y que además sea puesto en el juego electoral. Por el contrario se unen entre sí con un objetivo: atentar contra un gobierno legal y legítimo. Basta leer y oír las declaraciones de sus portavoces para entender que carecen de horizonte ideológico y político y solamente una mezcla de demandas que terminan siendo cualquier cosa. Lo legítimo de sus reclamos termina perdiéndose en las acciones vandálicas. De seguro que la ciudadanía se está cansando de que los reclamos terminen siendo un pretexto para imponer el caos en el país y sobre todo en la capital del Ecuador.
Lo que se vio el jueves pasado fue inaceptable desde todo punto de vista. Destruir los espacios públicos, atentar contra los servicios públicos, destruir el patrimonio de la ciudad; no es más que un ejemplo de la carencia de razonamientos y argumentos. Es degradar el juego político de las contradicciones en una farsa de radicalidad que ataca el sentido común. Lo que lograrán no es más adhesión, sino rechazo, incluso de quienes son opositores con criterio. Al día siguiente de ese jueves, volvieron a marchar, nuevamente imponiendo la táctica de quemar llantas, cerrar vías, obstaculizar el servicio público de transporte, destruir bienes públicos, etc., fue volver a ver las escenas de los años noventa. Es claro ejemplo de que no se ha entendido lo que ha pasado en estos últimos años.
Sabemos que el actual régimen debe evaluar su accionar en las políticas públicas, en la comunicación, etc. Es recomendable cambios para radicalizar su propuesta de revolución ciudadana. Sobre todo esta última parte: ciudadana. Pero lo que no se puede admitir es que los opositores tengan como objetivo el paralizar la política pública y algo mayor aún, el querer atentar contra la Constitución. Lo han dicho sin vergüenza alguna: desmontar la Constitución de Montecristi. La mayor defensa ahora es no permitir que atenten contra la Constitución.
El Gobierno tiene el deber ético de cumplir lo que manda la Constitución, palabra por palabra. Esa será la mayor garantía de que la oposición no logrará sus objetivos y de que la democracia no solo representativa, sino la participativa y radical, se tome todos los escenarios por el bien de todos los ecuatorianos.
La oposición, si sigue en este camino, se autodestruirá si insiste en mezclar, sin dignidad, posiciones como la del bananero, del “modelo exitoso”, la banca, el empresariado indígena, el estalinismo del MPD y un sindicalismo corporativo con espíritu burgués. Es una lección más de que la política pública no puede, ni debe sustituir la acción política de la ciudadanía. Más política, más ciudadanía y menos burocracia arribista. (O)