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El Telégrafo
César Montaño Galarza

¡No a la impunidad!

13 de noviembre de 2022

El término “impune” sencillamente significa “que queda sin castigo”, así lo define el Diccionario de la Real Academia Española. Se supone que el castigo es merecido cuando se ha violado la ley que ha tipificado un delito cuyo cometimiento afecta los más caros intereses de la sociedad, así como valores y bienes jurídicos propios de una democracia. En un país donde reina la impunidad reinan la desconfianza en autoridades e instituciones, y la desesperanza ante un oscuro futuro carente deoportunidades. Acaba de dictarse un fallo que anula una sentencia de un caso penal “emblemático” -mejor diría “vergonzoso” de peculado en el sector petrolero; a decir del tribunal, por violación del debido proceso, tutela judicial efectiva y del derecho a la defensa de los procesados.

Casos de ese tipo siempre son complejos y enrevesados, pueden revelar muchas falencias del sistemay dejar un regusto de impunidad porque no se halla a losculpables, los procesos son interminables y sin resultados en lo de fondo, y obviamente, debido a que el Estado -la ciudadanía toda- no recibe resarcimiento por el daño infringido. Estos asuntos tienen el poder de generar duda más que certezas en la sociedad que se pregunta por la calidad y la eficiencia del funcionamiento de las instituciones, por la transparencia y ética de las personas involucradas. No es casual ni aislado que un reciente estudio impulsado por la Universidad Andina y Unión Estudiantil, sobre Impactos Psicosociales de la Pandemia del COVID-19 en Estudiantes en Ecuador, arroje datos preocupantes como constatar que 6 de cada 10 jóvenes -entre 15 y 22 años-, considera que para tener mejores oportunidades en la vida debe migrar a otro país.

Es que la lucha contra la impunidad no espera más, debe redoblarse con mucha cabeza y voluntad, y medianteuna verdadera cruzada nacional que sobre todo involucre a las autoridades de turno, a jueces, fiscales, funcionarios administrativos, juristas, facultades de derecho y jurisprudencia, docentes; también a la sociedad con su plena capacidad organizativa le corresponde jugar un papel protagónico en este tema, para cuidar el correcto uso de la cosa pública, de los recursos de todos, porque cada delito y acto de corrupción significa menos progreso y dignidad cristalizada en derechos.

Un gran cambio de actitud general es loimpostergable, y principalmente, que los políticos se preparen mejor para servir, los legisladores eleven la calidad legislativa pensando en el país, los jueces, fiscales y abogados con formación sólida actúen independientes en pos de la justicia, el sistema educativo y la academia eleven su calidad, y que la sociedad con sus diversas organizaciones crezca en educación política y memoriacrítica sin claudicar jamás en sus objetivos fundamentales por la libertad y la dignidad.

Labor de todos es cancelar la impunidad, e impedir que Ecuador sea el país de los ciegos donde cualquier tuerto pueda llegar a ser el rey, también demandar justiciapara tanta víctima; así tal vez las cosas mejoren notoriamente y la juventud no sienta la urgencia de irse, sino el deseo ferviente de quedarse a seguir construyendo nuestra patria, la más preciada herencia que compartimos.

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