¿Qué familia ecuatoriana no ha sido afectada alguna vez por un hecho de corrupción en el tratamiento de lo que debió ser el debido proceso y resultó un atentado a sus derechos; o en el pronunciamiento fraudulento de la sentencia en una causa judicial, en la que cualquiera de los miembros de aquella familia fue el denunciante o el denunciado?
Lo cierto es que, actualmente, una de las tres funciones que propuso Montesquieu para gobernar un Estado, el Poder Judicial, se encuentra seriamente lesionada a causa de la corrupción imperante en un buen número de juzgados y tribunales del país. Y esto en verdad tiene graves consecuencias para los intereses de la nación, así como para cada uno de sus habitantes.
En efecto, se piensa que el crecimiento de la delincuencia en el Ecuador tiene mucho que ver con la crisis de la Función Judicial, puesto que el pueblo ya dejó de creer en la correcta aplicación de la justicia y, debido a eso, trata de sancionar por su propia mano al delincuente que atentó contra la vida o los derechos de alguno de los miembros de su familia o de sí mismo.
¿Quién no conoce por experiencia propia, o por testimonios de terceros, cuáles son los hechos de corrupción más frecuentes de nuestro Poder Judicial? Ellos van desde el parte policial irresponsable y atentatorio firmado por uno de los miembros de la PN, que en algunos casos, con malicia o ignorancia, implica a un inocente en un delito grave, desorientando así a quienes posteriormente deberán dar su fallo al final del proceso, o lo que es peor, en confabulación con quien posteriormente conocerá el juzgamiento del delito, pues en ciertas cortes se ha venido practicando la manipulación de los sorteos de las causas.
Y conocemos también de las cantidades de dinero que aquellos jueces sin conciencia piden a través de uno de sus colaboradores por el pronunciamiento de su sentencia, en un claro hecho de corrupción de la administración de justicia, que en algunos casos llega a subastarse entregando fallos adversos a quienes menos dólares les han
enviado, aunque tengan la razón y quedándose, sin embargo, con el dinero entregado por ambas partes.
Además, sabemos de las órdenes de libertad detenidas por jueces inescrupulosos en aquellos casos en los cuales el sentenciado es un narcotraficante que ya cumplió su condena. Ese mal magistrado supone que el encausado tiene mucho dinero y no extiende su boleta de libertad hasta que le envíe una jugosa suma. Y qué decir de aquellos juicios que tienen que ver con tierras del sector rural. Entonces es cuando el pícaro juez, luego de una serie de patrañas para darle al asunto aspecto de legalidad, se convertirá en dueño de algunas hectáreas productivas, utilizando testaferros y cómplices.
Todos estos gravísimos pecados de la Función Judicial, y muchos más, son de conocimiento público en el país. Y es por eso que, hasta hace poco, gobiernistas y opositores reclamaban aún airadamente al Ejecutivo por un cambio fundamental en los juzgados y tribunales. ¿Por qué se protesta ahora cuando ya se han iniciado tales cambios solicitados por el pueblo? De seguro que aquí hay gato encerrado. Y de seguro que en esto tienen mucho que ver los intereses de los sectores de la derecha ecuatoriana, que desde el gobierno de Febres-Cordero agravaron los niveles de corrupción en la Función Judicial. La misma derecha que hasta ahora conserva un grueso número de jueces a su servicio. Esto si no sucede tan solo por llevarle la contraria, y mantener y aun agravar el permanente acoso al Presidente de la República, por parte de una rabiosa oposición sin argumentos.