Así se titula el libro publicado en estos días por el ex secretario nacional anticorrupción Luis Verdesoto, quien hace un ejercicio académico enriquecido por la experiencia de su paso por el servicio público. El texto no constituye una justificación de su gestión, sino más bien se trata de un esclarecedor documento que orienta de manera eficiente y marca una línea de actuación del estado para combatir, desde la técnica y la práctica, el flagelo de la corrupción.
Está claro que, es una tarea complicada la lucha contra los ladrones que se transforman de la noche a la mañana en nuevos ricos, esos sinvergüenzas que inclusive, tienen la desfachatez de presumir lo robado sin escrúpulo alguno y caminan impunes y campantes por el mundo entero.
Las reflexiones y conclusiones a las que el autor llega a lo largo de su obra, son fundamentales para comprender que, la corrupción no puede ser utilizada como pretexto para justificar ningún proceso social o político, sean de izquierda o de derecha, nada ni nadie está por encima de la ley y por supuesto tampoco de valores como la honradez y pulcritud en el manejo de los bienes y recursos públicos, el cuento de que lo estatal es de todos y de nadie y por lo tanto “vale todo” porque no afecta puntualmente a nadie, es una falacia que incide directamente en el crecimiento económico a todo nivel.
Verdesoto evidencia esta falacia cuando descubre el trasnochado argumento de que el corrupto agente estatal que recibe los sobornos estaría “moralmente” exculpado, pues los sobornos no provendrían de fondos públicos y su destino sería el “beneficio popular”, en buen romance que “roben pero que hagan” o como aquella tristemente célebre frase de una asambleista de las llamadas progresistas “si van a robar, roben bien”.
Los insumos y herramientas están ahí, explicadas, reseñadas y listas para su implementación que, al final del día, dependen de la voluntad política, convicción y arrestos de gobernantes y conciencia de gobernados.
Si estamos frente a un delito de cálculo y oportunidad, programado por la delincuencia organizada, es un deber moral de la gente decente organizarse para combatirlo, porque no hay duda de que el tiempo pasa y los malos ganan espacio desde adentro y desde afuera.
La coordinación institucional garantizada, desde siempre, en la normativa constitucional es uno de los caminos. La Unidad de Análisis Financiero y Económico -UAFE- ya tiene una metodología para la detección temprana de lavado de activos y debe tomar el protagonismo, los mapas de riesgo de corrupción están señalados y deben ser ampliados, hay que perseguir el delito, detectarlo en las personas políticamente expuestas, movimientos de dinero, transacciones bancarias, compra y venta de inmuebles y aumento desmesurado e injustificado de patrimonio. Hay mucho trabajo por hacer, se debe incluir en los análisis de riesgos a 120.000 funcionarios de las empresas públicas y 256.000 de los GADs (cifras estimadas), en muchos cantones del Ecuador no hay Dios ni ley y nadie los regresa a ver, viven entre la ineptitud de las autoridades, la desidia ciudadana y la “sapada” de los círculos de poder.
Se ha dicho que siempre habrá corruptos, pero se debe decir que siempre habrá gente buena que esté dispuesta a mitigar este problema que, dicho sea de paso, consta entre los cinco principales y más acuciantes problemas de la sociedad ecuatoriana.
Se necesita romper paradigmas y tomar al toro por los cuernos, la obra comentada es una vía expedita que se ha refrendado, en la práctica, con una actitud leal del autor a los más altos principios de la Patria, así se debe actuar, cueste lo que cueste.
Seguiremos martillando…