El desacato a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES, 2010), promovido por la máxima autoridad de la Universidad Andina Simón Bolívar (UASB), revela la persistencia de rasgos de una cultura política tradicional nacional y universitaria contra la que se ha batallado fuertemente en este proceso constituyente en el objetivo de transformarla. Un primer rasgo es la prerrogativa del privilegio sobre el derecho y la obligación ciudadana, siempre reclamado por las oligarquías y sus imitadores, a través de excepciones, exenciones y otros subterfugios conseguidos legal o ilegalmente, mediante los que tradicionalmente sentaron su diferencia y jerarquía del común de los/as ecuatorianos/as.
Porque lo que dicha autoridad ha reclamado justamente es la excepción a la norma. Pero, ¿por qué si todas las instituciones de educación superior cumplen la ley, la Universidad Andina no debe hacerlo? ¿Qué corona tiene en el sistema universitario del país? Sin respuesta a estas preguntas, mediante artificios leguleyos, el exrector de esta universidad de posgrado buscó legalizar y hasta legitimar la ruptura de la ley, arrastrando a toda una comunidad académica a consentir, movilizarse y hasta solidarizarse con esta.
Por otra parte, esta acción también muestra la cultura de los ilegalismos practicada en el pasado por algunas universidades y precautelada mediante el recurso discursivo de la autonomía, que fuera ya revelada en la primera evaluación universitaria hecha por el Conuep (1987-1989). Este informe llamó la atención en torno al funcionamiento ‘al margen de la ley’ de varias universidades y extensiones, además de evidenciar la práctica de ‘inflar’ el número de estudiantes a fin de conseguir mayores rentas del Estado.
La operación ilegal, el ocultamiento, abultamiento y falsa declaración de cifras fue también observado en el informe de evaluación de las universidades ordenado por el Mandato 14 (2009). Y ha vuelto a saltar a la luz este 2016 con esta autoprerrogativa decidida por la máxima autoridad de la UASB, en cuyo marco también se han descubierto declaraciones falsas de cifras económicas. ¿Qué es lo que se busca con todo esto? ¿Volver al estatus anterior a la LOES (2010) caracterizado por el caos, la anarquía y autarquía de lo que no existía como un sistema universitario, según lo demostraron las dos evaluaciones mencionadas?
Quien maquinó todo esto lo hizo a sabiendas de que estaba rompiendo la norma y, con ello, desafiando a la autoridad de la educación superior. Sabía, por lo tanto, que esta no podía consentirlo, so pena de irse contra su propia política y destruir todo lo avanzado en este campo. Por ello, ningún análisis serio sobre el asunto puede desconsiderar otro factor, quizás el detonante del caso: el momento político en el que se trama y los verdaderos intereses que subyacen tras este montaje ideado por la adicción al poder, que ha pretendido visibilizarse mediante el escándalo mediático a fin de pescar en el río revuelto de la coyuntura electoral. (O)