Migración irregular ecuatoriana por México: los saldos de un cálculo político

Si revisamos las agendas recientes de la política internacional, tanto de México como de Estados Unidos, observamos que la migración es un tema caliente y polémico. Así se constata en los últimos debates de los candidatos a la presidencia de ambos países.

En México, Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y Jorge Álvarez Máynez mostraron innumerables contrastes respecto al tema; en Estados Unidos, las campañas de Donald Trump y Joseph Biden Jr. ajustan sus estrategias de cara a los dos debates oficiales antes de noviembre de 2024. En ellos, la migración irregular consta como un asunto fundamental, desde discursos radicales de “tolerancia cero” hasta más flexibles como los programas de “parole”.   

En ese ambiente de tensiones y en una frontera sur de Estados Unidos saturada de migrantes irregulares, la nacionalidad ecuatoriana se ubica como la cuarta en el registro de migrantes irregulares del período marzo de 2023 a marzo de 2024, según el portal gubernamental sobre movilidad y migración en México. Se estima que existen cerca de 95 000 compatriotas en situación de vulnerabilidad. 

El crimen organizado, a través de sus redes transnacionales de tráfico de personas, lucra a costa de los anhelos y riesgos de las personas que se desplazan por causas económicas, políticas, medioambientales de seguridad y otras. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) alerta sobre las consecuencias que trae cruzar las fronteras entre países de manera irregular, pero subraya, especialmente, que se rompe el vínculo legal entre el individuo y el Estado. El desamparo incrementa los peligros de ese tipo de migración, además de que convierte a las personas en indocumentadas. 

En las circunstancias descritas, existe una responsabilidad de cada Estado de mediar por su ciudadanía en territorio extranjero. Uno de los ejes de la política exterior ecuatoriana reside en alcanzar el “bienestar y protección de sus ciudadanos fuera del territorio nacional, en particular de los que están en condición de vulnerabilidad”. De ahí que resulte preocupante el cierre de nuestros consulados en México, debido al rompimiento de relaciones bilaterales. En estos momentos, nuestros migrantes sufren la irregularidad por doble vía. Esto es, por el cruce de fronteras sin los protocolos legales de entrada, estancia o residencia, y por quedar desamparados como saldo del cálculo político de un Gobierno que prefirió romper el derecho internacional en una equiparación desigual: 95 000 personas por una.