La muerte de una cincuentena de ciudadanos a causa de ingerir bebidas alcohólicas adulteradas con metanol prueba la ruindad del capitalismo salvaje. Porque de eso se trata: de la existencia de empresas licoreras que mezclan alcohol etílico y alcohol metílico (metanol) para ganarse unos centavos más en cada botella, aunque ello ponga en riesgo la vida de los consumidores.
La clave del asunto radica en que el metanol, hecho con residuos de madera, es más barato de producir, aunque no es apto para el consumo humano, pues puede ocasionar ceguera y muerte. Lamentablemente, una legislación muy permisiva facilita que en el Ecuador se produzca y comercialice libremente el metanol, para usos industriales, médicos y otros. Y esto lo han aprovechado algunos negociantes de licores, tanto artesanales como industriales, para abaratar sus costos de producción e inflar sus utilidades, a costa de la salud y vida de los ingenuos bebedores.
El hecho de que sean varias las marcas de aguardientes y vinos adulterados de este modo, muestra cómo se ha generalizado esta barbarie empresarial, especialmente en la provincia de Tungurahua. Tras hermosas presentaciones, cajas de grato diseño y etiquetas atractivas, se ha venido vendiendo un veneno embotellado, a sabiendas de sus peligrosos efectos. De otra parte, el país ha visto asombrado las míseras condiciones en que laboran algunas fábricas artesanales de aguardiente.
El Ministerio de Salud ha debido atender a las víctimas e identificar las marcas de bebidas peligrosas. También ha tomado la inteligente iniciativa de comprar esos productos a almaceneros y tenderos, para cortar la cadena de distribución. Pero, salvo algún caso aislado, no hemos visto que ninguna autoridad haya procedido a clausurar las empresas productoras de esos tóxicos y enjuiciar a sus dueños y gerentes.
Esta peligrosa situación impone algunas medidas oficiales: Prohibición de la producción y venta libre de metanol, toda vez que en el país resulta muy barata la producción de alcohol etílico. Severo control de la producción industrial de licores, con análisis constante de sus productos. Control y registro de la producción de licores artesanales, obligando a los productores a formar cooperativas de mercadeo y a vender con marca de identidad. Reformas legales que identifiquen la adulteración de licores como un atentado criminal, sancionado con duras penas de cárcel e indemnización para las víctimas. Y, sobre todo, campaña masiva de educación a los consumidores, por medio de radio y televisión.