Para el buen desenvolvimiento de la sociedad se requiere ciudadanos y autoridades responsables e involucradas en la gestión de lo público, también instituciones que funcionen a tono con los retos actuales y, un ordenamiento jurídico adecuado para brindar seguridad, terminar con la corrupción y la impunidad, e impulsar una convivencia en paz. Ahora mismo, el Ecuador se encuentra aprisionado en una maraña de leyes dictadas en el gobierno anterior por una Asamblea de mayoría sumisa, las que aún no han sido reformadas o derogadas para facilitar la transición que muchos deseamos.
Muchas leyes sobre ámbitos diversos como los que atañen a derechos, sectores estratégicos, finanzas públicas, producción, control y transparencia, educación superior, se aprobaron sin el debate necesario; una Asamblea de alza manos operó al son que se tocaba en Carondelet. Miles de artículos llenan páginas de “nuevos” y farragosos códigos y otros instrumentos normativos; se implantó una verborrea legislativa producto de apuros y novelería de supuestas “mentes lúcidas”, con el propósito de armar un tinglado jurídico para concentrar el poder, controlar a la sociedad y garantizar la impunidad ante atropellos de todo calibre. Gran parte de esa legislación atemperó el tono a un diseño constitucional auspicioso de los derechos, al tiempo que se le puso candado bajo la denominación de “orgánica”, por lo cual se requiere una mayoría especial para ser modificada. Esto solo detiene el tránsito hacia un futuro mejor.
Lo cierto es que para impulsar cualquier cambio trascendente que nos lleve a una franca recuperación del país en la senda de la democracia, la equidad y el desarrollo económico, es insustituible un bagaje de grandes acuerdos políticos, pero también un régimen jurídico de calidad, ajustado a la realidad, así como a las necesidades y urgencias nacionales. La tarea está pendiente, hay que desenredar semejante maraña que nos aprisiona e impide avanzar. (O)