En muchas sociedades existe un temor instalado a la Policía por sus excesos. Pero cuando se trata de Ecuador confío más en los policías que en los jueces; sobre todo en esos que liberan criminales o se prestan a cualquier agenda de persecución.
La mala fama no es gratuita ni reciente. En marzo pasado el índice anual de los mejores sistemas judiciales del mundo, publicado por la Organización Word Justice Project, ubicó a Ecuador en el lugar 86 de 128 países. Obtuvo bajas calificaciones en orden, justicia penal y ausencia de corrupción. Estamos considerados en el puesto 22 de 30 países de América Latina y el Caribe, solo por encima de algunos aliados de antaño como Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Y como no toda la ropa sucia se lava en casa, algunos de los “errores en las cortes” terminan en procesos puertas afuera. El exprocurador Diego García perdió más juicios y arbitrajes que Tres Patines, y habría que preguntarle al actual procurador cuántos millones de dólares se gasta al año en honorarios de abogados extranjeros.
Ecuador es “uno de los países más sancionados y que más indemnizaciones ha pagado” en la región, según el internacionalista Carlos Estarellas. En lo que va del año, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ya ha llevado tres casos en contra de Ecuador a la Corte en Costa Rica. El año pasado llevó cinco casos.
En lo que va de este espantoso 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya emitió sentencia en contra de Ecuador en dos ocasiones. Hasta aquí, las indemnizaciones que debemos pagar con dinero de nuestros impuestos suman algo más de $300.000. Normalmente cerramos con cifras mucho más altas.
Y están a la cola más causas de abusos en el sistema judicial que seguramente requerirán reparación. En la lista de la Corte constan, por ejemplo, la sospechosa desaparición hace 30 años de Gustavo Garzón y la detención ilegal de un grupo de policías enemistados con el cuñado del expresidente Lucio Gutiérrez.
A las puertas de un nuevo concurso de méritos para integrar la Corte Nacional de Justicia, la responsabilidad del comité evaluador es histórica. Y aunque en ese grupo de 13 integrantes hay figuras notables, también hay los que ven “peculado” en cualquier esquina y avalan la mediocridad de nuestro sistema judicial. (O)