Las leyes Orgánica de Educación Intercultural y Superior expedidas y en vigencia, recientemente, pretenden corregir defecciones que han obstruido el cumplimiento de los altos fines de la educación por la incidencia de factores socioeconómicos, la falta de mística en un amplio sector del magisterio y la carencia de una política coherente con nuestra realidad geográfica, cultural, recursos materiales, necesidades y demandas laborales.
En el fondo, en el país, sectores educativos coinciden en aceptar que es imperativo mejorar la calidad de la enseñanza y en lo referente a la aplicación del nuevo bachillerato ecuatoriano opinan que el modelo por implantarse responde a la urgencia de incorporar a los jóvenes en el mundo de la creatividad, en función de su capacidad, vocación y aptitudes.
Solo la mediocridad auspiciada por la seudoizquierda, que antaño mantenía secuestrada a la educación, se opone al cambio del modelo educativo, diseñado para superar la calidad de la enseñanza y su rendimiento. Ensayos de líderes, cobijados en la siglas del MPD con engaños y promesas de trabajo, siguen utilizando a estudiantes de colegios y universidades para organizar escándalos, reyertas y agresiones callejeras, desesperados por rescatar privilegios, como cuotas de nombramientos, comisión de servicios con sueldo y alguna curul en el ámbito político. La seudoizquierda se resiste al cambio y como último tramo acude al bullicio, a promover la violencia y de forma irresponsable manipular la inocencia de los jóvenes con protervos fines desestabilizadores del régimen.
La Ministra de Educación ha explicado a los padres de familia y alumnos que, mediante el Bachillerato General unificado, se pretende “generar más herramientas para escoger una carrera universitaria al finalizar el colegio”.
Es de más repetir que una enseñanza eficiente promueve el progreso de las naciones y el bienestar de sus habitantes. A ese enunciado se agrega la idoneidad del maestro como guía en el aula de clase, no solo para impartir conocimientos, sino también para ayudar a niños y jóvenes a enmendar deslices conductuales.
Es tiempo de imponer orden en la administración educativa. Sin postergación, es indispensable el funcionamiento de normas que regulen la conducta del maestro. Su acción ejemplar se reflejará en lo que será la nueva sociedad. El altivo educador merece el reconocimiento público y el infractor una sanción inapelable.