Cuando un medio de comunicación decide intervenir en la política partidista de un Estado, generalmente, unos más otros menos, van a entrar en contradicción con la obligación ética; y ahora en Ecuador y otros países del continente, también con la ley, que los obliga a decir la verdad y nada más que la verdad.
Desde que la normativa jurídica nacional califica a la información como un servicio público, dada su naturaleza y la influencia que ejercen en los consumidores de noticias, los medios han debido estar siempre sujetos a un autocontrol para ser leales a un solo y único compromiso: decir la verdad.
Claro que la verdad única no es fácil alcanzarla, pero por eso se habla de la contextualización de los hechos para acercarse a ella y el manejo ético para diferenciar los hechos de las opiniones.
Los hechos tienen que ver con la verdad, mientras que las opiniones tienen que ver con las ideas que un periodista tenga sobre determinados acontecimientos.
Sobre el manejo de los hechos y las opiniones cae el valor de la ética y la deontología para saber qué se publica y cómo se lo publica, cuidando de no caer en la llamada ‘censura previa’, que no es otra cosa que ocultar la verdad, lo cual está prohibido.
¿Quién, en última instancia, puede disponer que no se publique un acontecimiento?: el dueño del medio.
Cuando el Jefe de Estado del Ecuador hace su último viaje a Chile, donde incluye la actividad de recibir un doctorado honoris causa, los medios privados deciden censurar esa noticia y disponen que no se publique nada sobre ello, violando las normas éticas y legales, ocultando la verdad.
La información de la verdad no debería tener color político, porque el derecho a informarse de lo que pasa en una sociedad es común a toda la ciudadanía, por encima de los criterios de los propietarios de un medio.
Es así como un propietario de un medio puede decidir qué informar y qué no informar a los que compran su servicio de información, que es un servicio público, lo que constituye un mal de origen, un mal de nacimiento, un mal congénito.
Desde luego que esa enfermedad tiene cura: que los propietarios de los medios privados no se conviertan en sujetos activistas políticos. Y si carecen de fuerza de voluntad para ello, que abandonen el negocio.