Inicialmente el trabajo en los obrajes estuvo regido por el sistema de mita o trabajo obligatorio, pero, como hemos visto, la misma naturaleza de las obligaciones tributarias determinó que se pagaran salarios a la población indígena que laboraba en ellos.
Sin embargo, el trabajo obrajero estaba manejado de modo anárquico, pues cada establecimiento fijaba sus propias reglas y condiciones laborales, algunas de las cuales constituían brutales abusos contra los trabajadores, lo que motivaba la enfermedad y muerte de estos, o, en otros casos, la fuga de los trabajadores.
Todo eso determinó que a comienzos del siglo XVII hubiera en la Audiencia de Quito una toma de conciencia sobre la necesidad de regular la organización y régimen laboral en los obrajes, así como la calidad de los tejidos producidos.
En 1620 se encargó al oidor Matías de Peralta efectuar una visita a los obrajes, como resultado de la cual este redactó unas Ordenanzas de Obrajes, emitidas oficialmente por la Audiencia de Quito en 1621, que fueron desde entonces el régimen laboral de los obrajes quiteños.
Ellas normaban tanto los asuntos administrativos del obraje, los asuntos de la confección, la asignación de labores a los diferentes operarios y los asuntos propios del trabajo. Las principales regulaciones eran las siguientes:
El maestro debía ser un indígena o mestizo hábil y experto en los asuntos propios de la producción manufacturera, que pudiera controlar el ritmo de trabajo de los operarios y la calidad de los productos. Debía estar presente en el obraje desde muy temprano para asignar tareas a los trabajadores y evitarles atrasos y castigos.
El maestro también debía llevar una contabilidad del trabajo y la producción, en tres libros encuadernados y distintos:
Uno llamado ‘libro de rayas’, con la nómina de los trabajadores, en el que se anotaban con rayas los días de trabajo cumplidos por cada uno. La anotación debía hacerse delante del trabajador y el quipocamayo, que llevaba en sus cuerdas y nudos otra contabilidad paralela, por exigencia de los trabajadores, que desconfiaban de los patronos.
Según la contabilidad se fijarían los días de trabajo y se pagarían los salarios.
Un segundo libro se dedicaría a los tejedores y sus tejidos. Y un tercer libro se dedicaría a los tundidores, aquellos que cortaban o igualaban con tijera el pelo de los paños, anotando el número de paños tundidos, su extensión y su color.
Las ordenanzas también regulaban las obligaciones de los alcaldes de los pueblos de indios, que debían reunir a los trabajadores a las 6 de la mañana y conducirlos al obraje. Ahí estos recibían la doctrina cristiana (un rezo, dirigido por algún indio ciego o inválido) y a las 6 y media eran conducidos y repartidos por los alcaldes en las diferentes dependencias. Los alcaldes también controlaban las tareas cumplidas y su anotación en el libro de rayas del obraje.
En cuanto a los alguaciles, debían apoyar al alcalde en su misión, apremiando a los indios para ir al trabajo y sacándolos de sus pueblos o escondites, o presionando a los caciques para que les entregasen los indios trabajadores.
Alcaldes y alguaciles eran indios escogidos anualmente por los corregidores españoles, que no podían ser vueltos a nombrar de inmediato, para evitar que se conchabasen con los administradores o maestros del obraje para algún negocio. (O)