Horas antes de la posesión del presidente Jaime Roldós el 10-08-1979, la dictadura militar -algunos de cuyos oficiales aplaudieron el golpe de Pinochet- expidió una Ley de Seguridad Nacional (LSN) alineada en la geopolítica imperial, que instaló una contradicción en el corazón de la naciente democracia. En apenas un lustro el país pudo comprobarlo, cuando el gobierno de Febres Cordero (1984-1988) respaldó en ella su política de terror, emblematizada en la frase de Joffre Torbay: “A los subversivos hay que matarlos como al pavo: la víspera”.
El informe de la Comisión de la Verdad (CV) (2010) develó esta contradicción al transparentar las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese Gobierno. Basado en testimonios de 61 protagonistas y miles de fuentes primarias, este evidencia la creación de estructuras de seguridad clandestinas operando en secreto, con una metodología apoyada en brutales torturas intencionalmente encubiertas -que delataban la conciencia de cometimiento del delito-, y cuya impunidad se aseguraba con la complicidad de jueces corruptos. El documento confirma que estas estructuras estuvieron implicadas en detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, identificándose a 459 personas como autoras de todos estos delitos.
Dichas acciones se sustentaron en una política planificada y coordinada que constituyó a la población en general en blanco de sospecha de subversión, lo que se demuestra en el hecho de que apenas el 18.6% de las 469 víctimas identificadas durante ese Gobierno fueron miembros de Alfaro Vive Carajo (AVC), siendo el resto población civil: dirigentes sociales y políticos, periodistas, religiosos, estudiantes, amas de casa, etc. sin vinculación con tal organización.
La contradicción entre el imperio de una norma democrática y el de una autoritaria en la relación Estado-ciudadanía, también se ha expresado en el malestar de la cúpula militar cuando se creó la CV (2007) y en la resistencia de las autoridades militares y policiales a cooperar con ella. Y, cuando se hizo público el informe, en la negación de los crímenes testimoniados por las víctimas. Y se sigue expresando hoy en la “posición institucional” asumida por la jerarquía militar cuando el Estado se ha abocado a la tarea inédita de juzgar por crímenes de lesa humanidad a 8 militares y 1 policía. En abierto desafío, caracterizan a esta política orientada a garantizar derechos, como “abuso de poder”, porque acorde con la dualidad que se instaló con la LSN, ellos se asumen como un poder autónomo del Estado democrático, y, por lo mismo, intocable.
Aludir al “honor” y “prestigio” militares “mancillados” por el poder civil al transparentar estos execrables crímenes y oponerse a su juicio y sanción, es no comprender que estos valores solo se sustentan en la confianza ciudadana. Fueron sus propios miembros los que la quebrantaron y con ello deshonraron a la institución. La única forma de recuperarlos es asumir integralmente la norma democrática y comprometerse a que jamás sus acciones antepongan la violencia a la garantía de derechos. (O)