Nosotros, autollamados humanos, somos los creadores de ideas geniales que, convertidas en creencias, nos han permitido organizar sociedades articuladas a aparatos institucionales y de fuerza, llamados Estados.
Desde más o menos tres siglos prevalece la idea de que el Estado deviene de un pacto original, a través del cual los individuos humanos pusieron límites a su “estado de naturaleza”, con el fin de garantizar la vida y la convivencia. La idea del pacto social se sustenta en tesis contrapuestas: para unos la condición humana es perversa y para otros bondadosa, pero acechada por la maledicencia. Por lo tanto, el pacto original tiene como principal objetivo proteger la vida y garantizar derechos regulados por parte del Estado, el cual asume el monopolio de las armas, con el propósito de disuadir la violencia, que debe ser eliminada por medio de la educación y la justicia social.
Siguiendo la pauta del nuevo liberalismo, actualmente se busca la ampliación de los derechos, bajo la premisa de que el Estado los limita o impide su efectividad. En contracara, casi todos hemos olvidado que, para tener derechos, debemos cumplir con los deberes que por voluntad hipotética aceptamos, a cambio de que nos protejan frente al desborde de quienes acechan la vida de los miembros de la comunidad. Si bien todos los derechos son iguales, moralmente, el derecho a la vida es de tipo superior. El derecho humano a la vida no debe conculcarse, tampoco los deberes de todos a respetarla. Quien va en contra de la vida, rompe el pacto social y desconoce el estado de derechos.
Ninguna comunidad política moderna, tampoco las latinoamericanas, han desdicho la doctrina del pacto social constitucional, mediante el cual los individuos naturales renuncian a su libertad ilimitada y se comprometen a cumplir deberes. Si uno o varios individuos acechan contra la vida de los demás de manera constante, mostrando su deseo de regresar al hipotético estado de naturaleza, están rompiendo el pacto originario. En los Estados nacionales, prototipo de la modernidad política, los derechos nunca han sido ilimitados, son regulados, están contrapesados por los deberes y enmarcados dentro del pacto social. El que desconoce los bordes del pacto, va contra éste. El cumplimiento del deber social es el mejor camino para la realización de una sociedad con derechos efectivos.