Siguiendo en la misma tesitura de mis artículos anteriores, me interesa mostrar que los estudiantes en todas partes del mundo, antes y ahora, se manifiestan por disconformidades educativas, económicas, políticas. Y los Estados, como en este caso el mexicano, no responden frente a esas demandas, o lo hacen con represión y violencia.
El espantoso e infamante asesinato masivo ocurrido en México de 47 estudiantes para maestros, en el estado mexicano de Guerrero, devela la perversa complicidad entre las fuerzas policiales del orden, en connivencia con los grupos de crimen organizado. Estos hechos reafirman la tesis de que el diverso y hermoso país que es México, lamentablemente, está mostrándonos un Estado fallido, cuyos últimos gobiernos han sido incapaces de enfrentar la potencia de estos grupos.
La escuela normalista de los estudiantes, hasta hoy desaparecidos, tiene una larga trayectoria de trabajo educativo, y al parecer, utilizaban un enfoque contestatario al poder y a la situación de marginación social en México. La propia escuela, enclavada en una zona rural y marginal, recibía a los estudiantes en calidad de internos. Los muchachos rápidamente asimilaban las denuncias sociales y se implicaban en marchas y manifestaciones. Ha sido una práctica habitual en este contexto que los estudiantes ‘recuperaran’ buses que servían para sus traslados hacia marchas en la capital. Este fue el pretexto para desencadenar esta masacre, pues los estudiantes, aparentemente, fueron secuestrados por la Policía y luego entregados a grupos sicarios. Al momento se encuentran presos algunos policías, mientras que el alcalde de la localidad de Iguala, su esposa y otros cómplices se encuentran prófugos. Las investigaciones se manejan, según algunos actores, de forma opaca y negligente.
Los estudiantes son hijos de campesinos de origen humilde de la zona. Y el ensañamiento de estos grupos criminales ha sido horrendo. Más aún, la búsqueda de los cuerpos de los jóvenes, infructuosa hasta el momento, ha permitido descubrir fosas comunes por doquier, dando cuenta de la incapacidad del Estado por hacer frente al crimen organizado. El negocio de la droga, el crimen organizado, las autodefensas y grupos al margen de la ley evidencian un Estado fallido en el caso mexicano, es decir, territorios fuera del control estatal.
La crisis desatada por este execrable hecho evidencia que se bloquean las vías de exigencia de derechos sociales de jóvenes de origen humilde, y por otro lado, ha puesto de manifiesto la profunda crisis del Estado mexicano y de sus principales actores políticos, que resultan totalmente deslegitimados.