Lo que le dice la Contraloría del Estado a Mauricio Rodas sobre el Quito Cables

4 años han pasado desde que Mauricio Rodas anunció en el Concejo Metropolitano que pediría un examen especial a la Contraloría al proyecto Quito Cables. El exalcalde promotor y defensor acérrimo del proyecto aseguró que con ello se probará que todos los cuestionamientos al proyecto eran falsos.

El examen ha concluido y lamentablemente para el exalcalde Rodas la Contraloría ha ratificado las denuncias que, en su momento, hicieron quienes se opusieron al proyecto e incluso ha ido más lejos.

Dice el informe en el que se ha revisado todas las fases de proyecto y además los contratos para la construcción y fiscalización de la línea Roldós Ofelia del proyecto Quito Cables: que se hicieron contrataciones “bajo régimen especial” sin contar con estudios de viabilidad técnica, ni económica; que al no contar con estos estudios no se justifica los procedimientos adoptados y las invitaciones realizadas a empresas para que participen; que no se demostró que los procedimientos fueron los más convenientes para los intereses institucionales; que se ofertó la fiscalización de la obra sin el desglose de costos directos e indirectos;  que se adjudicó el contrato sin que el oferente cumpla con las exigencias establecidas por la entidad contratante; que muchos materiales entregados por el contratista no están registrados en la bodega de la entidad, a pesar de que hay un acta de entrega de recepción, entre otras conclusiones.  

Y así podríamos seguir enumerando las irregularidades del proyecto Quito Cables que tanto defendió al exalcalde Mauricio Rodas y todos los funcionarios que lo acompañaban. Pero lo mencionado hasta aquí no es todo. Hay un aspecto muy grave que revela que se adjudicó el contrato a un contratista que no demostró su capacidad técnica y que se invitó a un proponente sin destreza en la construcción del sistema de transporte por cable, ocasionando que se presente una oferta con una experiencia diferente a la naturaleza del objetivo a contratar. A ello se añade que se suscribió un contrato sin un análisis de riesgo identificado durante las socializaciones con los moradores y por ello nunca se contempló un plan de mitigación.

¿Se imaginan ustedes lo que podría haber pasado con la implementación de un sistema de movilidad sin estudios, en el que se invita a un proponente sin destreza en la construcción del sistema de transporte por cable, que se ejecuta por una empresa que no demostró su capacidad y que no contempla riesgos?  No quiero ni pensar. Lo que sí queda claro es que gracias a la movilización de muchos moradores de los barrios El condado, San José del Condado, Pisulí, Roldós, se paró este nefasto proyecto.

Dos preguntas me quedan. La primera tiene que ver con quién ha sido o será sancionado por cometer tantas irregularidades y quién va a responder por el dinero invertido. El mismo Rodas anunció el día que pidió el examen de Contraloría que hasta ese momento, el Municipio de Quito había invertido en los sectores de incidencia del proyecto, más de 26 millones de dólares.

La segunda pregunta tiene que ver con el por qué hasta el momento no se ha devuelto el centro de salud demolido y las propiedades expropiadas hace seis años. Son muchas familias que por esta razón no han podido vender, hipotecar o hacer ampliaciones en sus propiedades. Curiosamente el actual alcalde, Santiago Guarderas quien, como abogado en su momento, presentó una acción de protección en contra del proyecto, hasta ahora no ha devuelto las propiedades a estas personas.

Señor alcalde Guarderas devuelva esas propiedades a esas familias que ya llevan seis años con este sufrimiento.  Sepulte de una vez este proyecto que, según la Contraloría confirma, no garantizó transparencia ni en los procesos de contratación, tampoco en el acceso a la información de usuarios internos y externos. Seguramente había demasiados hechos que ocultar.