En un artículo de opinión anterior decía que la gobernabilidad se entiende como la capacidad del poder de turno para atender con eficicacia las demandas sociales, y que debería basarse en acuerdos con fuerzas política democráticas. Ahora bien, el país mira con sorpresa y atención los pasos que se dan en la nueva Asamblea Nacional que, al parecer, son resultado de lo que se ha denominado un “pacto” entre el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana y ADN. La discusión de analistas, opinólogos y ciudadanos interesados en el asunto se centra en saber si tal pacto es un mecanismo para la gobernabilidad, para cogobernar o, si es una trampa voraz para el nuevo gobierno y la democracia. Revisemos otros aspectos para tener una idea más completa del asunto que ahora mismo remueve la arena política nacional.
Hay quienes dicen que “la política es el arte de lo posible”, la “ciencia de gobernar un Estado o nación”, y el “arte de negociar para conciliar intereses entre fuerzas políticas diferentes o antagónicas”. Por su lado, la gobernabilidad suele describirse como la relación entre gobernantes y gobernados (Bobbio y Matteucci). El análisis de la gobernabilidad vinculado con la herramienta fiscal conduce a sostener que los problemas de la gobernabilidad se dan por la creciente brecha entre el aumento de demandas sociales y la escasez de recursos financieros para satisfacerlas. En suma, gobernabilidad e ingobernabilidad conviven en una democracia, más aún en una pretendida democracia garantista como la nuestra, debido a que la relación con los individuos también contempla la exigencia de garantías ante la proliferación de derechos, de colectivos movilizados y de realidades multiculturales.
Recapitulando, tanto la política como la gobernabilidad están presentes en una democracia demarcada por un conjunto de “líneas rojas” que se traducen en valores y principios universales y, en normas jurídicas presididas por la Constitución. La política viabiliza los acuerdos necesarios para la gobernabilidad -condición del desarrollo y el progreso-, pero sin traspasar esas líneas, toda vez que de hacerlo se atentaría contra valores como la libertad o la justicia, principios como los de separación de poderes e independencia judicial y, contra la norma suprema del Estado, vaciándola tanto de fuerza como de contenido. Los acuerdos o pactos requieren diálogo sincero y constructivo, y solo se justifican con transparencia para servir al país, de esta manera se incrementa la gobernabilidad, al tiempo que se tonifica la democracia.
Lo cierto es que se sigue una receta que, con ciertos ingredientes y condiciones, puede resultar en una preparación saludable en la grave coyuntura nacional, siempre y cuando las fuerzas del ejecutivo y del legislativo en acción honren su compromiso con el pueblo ecuatoriano, respeten las denominadas “líneas rojas” y, cumplan los más caros propósitos de la política sirviendo a la sociedad. En cambio, puede resultar una pócima explosiva y hasta vomitiva, si los políticos en cuestión traicionan al pueblo cuidando solo sus intereses, al margen del régimen jurídico fundamental. En definitiva, para salir del hoyo profundo en el que estamos, el nuevo gobierno y la nueva legislatura deben hacer con urgencia una política diferente, de altura, para la gobernabilidad y la democracia.