El 8 de agosto del presente año, la Superintendencia de Telecomunicaciones celebró otro aniversario, una justa celebración de la entidad supervisora, que ha aplicado una política de control, limitando las aprovechadoras prácticas de las operadoras de telefonía móvil. Ésta tiene una estructura de mercado oligopólica donde Claro, del millonario Slim, domina el mercado, seguida de Telefónica, de España.
Ambas empresas utilizan una estrategia global en el mercado internacional. Claro opera en México, países de América Central y Sur, pero su negocio incluye, además, Internet y TV de cable (Telmex). Telefónica concentra sus actividades en las dos primeras, con presencia en varios países de Europa y de América. Las dos empresas son gigantes con poder de mercado y, en consecuencia, sus precios y sus prácticas de mercado se alejan de las condiciones de competencia, en donde hay precios menores y la lucha por el mercado favorece a los consumidores.
Telefónica (Movistar) ha sido sancionada con una multa millonaria, por el Tribunal Europeo de Justicia, debido a su política de establecer precios de mayoristas elevados, que ocasionaban pérdidas a sus competidores aprovechando su posición dominante en el mercado. Además, le han impuesto multas, en Argentina, por interrupción del servicio telefónico. También Claro (América Móvil) ha sido sancionada, en Brasil, Chile y Argentina, por el mismo motivo. Esta empresa intentó comprar Digicel Group, de El Salvador y Honduras, siendo observado por el regulador porque limitaría la competencia.
En el país, el Gobierno y la Superintendencia de Telecomunicaciones (ST) ha venido tomando medidas contra las prácticas oligopólicas de las operadoras telefónicas. Se inició con la renegociación de los contratos con Claro, por 480 millones de dólares que, comparados con los 306 millones ofrecidos por la operadora, ha significado mayores ingresos para el Estado. Igual cosa sucedió con Telefónica, que renegoció por 220 millones.
Después se obligó a las operadoras a no redondear los segundos de llamadas que permitía cobrar un minuto completo perjudicando al consumidor, luego la ST exigió la igualación de los precios de interconexión entre operadoras, posteriormente dispuso que las recargas no tendrán tiempo de caducidad, se exigió que la venta de teléfonos móviles no esté ligada a las promociones de venta y el Presidente anunció control de tarifas por ganancias extraordinarias que obtienen. En suma, estas prácticas empresariales buscaban incrementar los ingresos de las operadoras, de maximizar la rentabilidad, pero perjudicando al consumidor, no conjugando con el lema “Compartida, la vida es más”.
Claro tenía, en 2011, en telefonía móvil, el 70% del mercado, que implica una posición dominante en él. Telefónica alcanzó 28% del mercado. La ST ejerce control en el ámbito técnico para asegurar la calidad del servicio, limitar las prácticas abusivas de las compañías y receptar reclamos.
Buena gestión de la ST, que va en defensa de los intereses de los consumidores, quienes están desprotegidos y difícilmente se pueden defender de abusos por malas prácticas empresariales. Urge una buena Ley de Defensa del Consumidor.