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El Telégrafo

Libertad para opinar, pero no para calumniar

30 de julio de 2011

Ismael Pérez Pazmiño recomendaba en su época: “Guardar cultura y serenidad en la polémica. No afirmar nada que  tengamos que borrar al día siguiente y, por último, escribir  en letras de oro, bien a la vista, sobre la mesa de trabajo,  las palabras de Walter Williams, insigne hombre de prensa  norteamericano: “NADIE DEBE ESCRIBIR COMO PERIODISTA  LO QUE NO PUEDE DECIR COMO CABALLERO”.

El pensamiento del fundador de El Universo  se actualiza como  mensaje para los columnistas y comentaristas de los medios  impresos, radio y televisión, acostumbrados a calumniar,  insultar y a formular acusaciones graves, sin pruebas  contra gobernantes, funcionarios o particulares. 

La “prensa privada” confunde, por conveniencia, opinión con  injuria; el derecho a la crítica con la calumnia y se  acoge a la libertad de expresión para declararse víctima  o perseguida. El articulista malévolo agrede sin importarle  la dignidad de otros y muy pronto cae en el desprecio  ciudadano o en el enjuiciamiento penal. El que obra con  altivez sobrevive en el tiempo y graba en la historia  sus lecciones ejemplares. El periodista o articulista  es un profesional como cualquier otro, y no se  escapa a las leyes cuando incurre en un delito. Al  impostor  que avergüenza a esa noble profesión le asiste  el derecho al arrepentimiento y a la defensa.

Es coherente el pronunciamiento de las empresas periodísticas, sus empleados, la derecha política, la SIP (Sindicato de Dueños de Periódicos) y gremios desorientados, en apoyo a la  postura de un infractor y sus cómplices, pero  no es correcto que, para confundir al público, se abra una escandalosa campaña, en el sentido de que “la libertad  está en peligro de muerte”, mientras silencian  el origen o causal del litigio: delito de injuria calumniosa contra el Primer  Magistrado de la República.

Recordemos que es un error considerar al  periodismo como un poder. Su misión es difundir la verdad y contribuir a la formación  de una correcta opinión pública. Es lamentable su evidente desvío al someterse a los intereses de los sectores más reaccionarios del país. Por mandato de la historia, la nueva Ley de Medios  garantiza un periodismo serio y la sujeción  de los comunicadores a normas de conducta y de responsabilidad social.

Todo llega a su fin. La mentira disfrazada y el ocultamiento de la verdad restan confianza a la prensa “independiente”. Ya entra, inexorable, a su ocaso.

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