Hubo quienes se opusieron a la consulta popular del mes de mayo, pretendiendo que atentaba contra la Constitución; en la mayoría de los casos, quienes lo hicieron habían previamente estado contra la Constituyente, de modo que su autoridad moral al respecto resultaba discutible. De cualquier modo, si hubiesen sido coherentes no hubieran participado de una consulta que pretendían que no era válida. Pero sí participaron, de modo que validaron de hecho el resultado de la consulta; si hubieran ganado, hoy estarían haciendo sentir el peso de su victoria. En tanto han perdido, muchos pretenden desconocer el resultado de la consulta.
Entre los puntos que se sometieron a la compulsa pública estuvo el de la necesidad de una Ley de Medios, a la vez que la negativa a que los empresarios de medios lo sean también de otros rubros. Se votó, y el resultado es incuestionable. La diferencia de votos no importa si fue grande o no; y por cierto que
cabe recordar que sin dudas tal diferencia es mayor de lo que parece dado que el oficialismo concurrió solo, mientras que el "no" conjunta a una serie de oposiciones diversas que no tienen ninguna relación ni coherencia entre sí, lo que hace poco plausible su conteo como una simple suma aritmética de votos.
Ha llegado la hora de cumplir con lo que la población decidió en las urnas. La tendencia regulatoria general que se ha aprobado es incuestionable, a la vez que permite matices en cuanto a los detalles acerca de la reglamentación. En este caso, creo que es de interés tener en cuenta el caso de la Ley de Servicios Audiovisuales aprobada hace un par de años en la Argentina, pues resulta interesante en más de un aspecto.
Uno de ellos es la superación de cualquier oligopolio, otro es la multiplicación de los emisores, uno adicional que todo medio audiovisual tenga que mantener más de un 50% de producción local -ni extranjera ni de otras zonas del país- y, entre las más valiosas, que el 33% de las emisoras sean para sectores de interés social e instituciones de la sociedad civil, quedando otro 33% para el Estado, y un 33% para los empresarios privados.
Este equilibrio entre los tres sectores (privado, estatal, social) hace que el previo desequilibrio pro-mercado no se desplace linealmente hacia un desequilibrio pro-Estado, sino que éste tenga un lugar más fuerte que el actual, pero a la vez crezca el sector social autónomo, expresión de agrupaciones sociales. Entiendo que es una de las mejores maneras de honrar al principio ético de que hay que atender primordialmente no a la abstracta "libertad de expresión" de unos pocos dueños de medios, sino a la concreta "libertad de escucha de opciones múltiples y de tener palabra propia", en tanto que derecho colectivo del conjunto de los pobladores y ciudadanos.