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El Telégrafo
 Pablo Salgado, escritor y periodista

Ley de Cultura, sí; cualquier ley, no

27 de noviembre de 2015

El presidente Correa acudió, por primera vez, en ocho años, a la inauguración de la Feria del Libro (FIL), de Quito. Y lo hizo para reconocer que “la Revolución Ciudadana tiene una gran deuda con el sector de la cultura”. Enhorabuena este reconocimiento expreso del Presidente. Y solicitó a su Ministro de Cultura y Patrimonio: “Ya no hay tiempo que perder, es necesario caminar más rápido”. Mensaje claro y contundente que, ojalá, el ministro Long escuche.

De su parte, el ministro Long aseguró que esta será “la última FIL sin Ley de Cultura”. Claro, la próxima FIL será en un año, aunque la presidenta de la Asamblea aseguró que la ley será recién promulgada en 2016.

Recordemos que la Ley de Cultura ya fue aprobada en primer debate por la Asamblea. Se lo hizo cuando Marco Murillo presidía –con mayoría– la Comisión de Cultura, por lo que se presentaron dos informes, de mayoría y minoría. Y será a partir de ahí que se retome el trámite para la aprobación de la ley.

Ahora bien, la vigencia de la Ley de Cultura es importante, no solo porque deberá sistematizar las 17 leyes vigentes, sino porque se creará el Sistema Nacional de Cultura, que articulará a todas las instituciones culturales, bajo la rectoría del Ministerio de Cultura, como manda la Constitución. La estructura de este sistema es clave para el futuro de la institucionalidad cultural, y los roles, funciones y responsabilidades que debe asumir cada entidad, incluido el propio ministerio. Pero hoy quiero referirme a una institución en particular, la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión (CCE).

El ministro Long ha reiterado que la nueva ley garantizará la autonomía de la CCE. Faltaba más. Que se respetará su historia –71 años– y su infraestructura nacional, 23 núcleos, extensiones cantonales e incluso en el exterior. Pero se suprimirá su matriz. ¿Cómo? Sí, que se suprimirá la matriz y en su lugar se creará el Núcleo de Pichincha. A su vez, se suprimirán las direcciones provinciales de cultura del ministerio.

Es decir, se concede la autonomía, pero los núcleos quedan huérfanos. Se concede autonomía a los brazos, a las piernas, pero se le corta la cabeza. Si no hay matriz que articule a los núcleos, ¿tendremos 25 entidades autónomas, haciendo lo que cada una crea conveniente? Si no hay matriz, ¿a quién rendirán cuentas los núcleos? Obviamente al Ministerio de Cultura, he ahí la trampa.

Es necesario legislar al margen de las coyunturas, y más aún coyunturas políticas. La CCE debe mantener su plena autonomía, porque debe ser un espacio de pleno ejercicio de las libertades, de pensamiento, de crítica. Y no debe estar atada a ningún gobierno; todos son pasajeros. Las expresiones culturales son permanentes y se gestan –y viven– al margen de los gobiernos de turno.

Que la CCE debe reestructurarse, por supuesto, en forma inmediata y a profundidad. Lo hemos dicho insistentemente en esta columna. Hace poco presentaron su nuevo plan estratégico, y es de una desoladora pobreza. Hay que cambiar la mentalidad, la mirada y la concepción de lo que debe ser la CCE en este nuevo siglo. Muchos, lamentablemente, se anclaron en el pasado.

La Asamblea abrió las puertas para la participación de los actores culturales, y el ministerio debió hacer lo mismo y se está reuniendo con distintos colectivos. Ahora es necesario que se tomen en cuenta esas opiniones y, sobre todo, se reflejen en el texto de la nueva ley, para no tener una nueva decepción, tal como sucedió ya en 2009. (O)

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