Hace algunos años, J. Derrida advirtió, en su ensayo La desconstrucción en las fronteras de la filosofía, que debemos preguntarnos cuáles pueden ser los riesgos de todo orden.
En esa perspectiva, desde una lectura de cuál ha sido el papel de los grandes medios de comunicación privados para garantizar los derechos a la comunicación, información, participación y culturales, irrumpe una gran evidencia: aquellos medios se caracterizaron por construir un orden sustentado en tres factores: el afán fundamentalista de lucro, la representación y el espectáculo. Sus manifestaciones culturales, estéticas, políticas y comunicacionales debían responder a ese orden y éste fue capaz de programar, preceder y prevenir la vida y la forma de pensar de sus audiencias.
En un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, las leyes deben ser aprobadas para buscar mecanismos que permitan profundizar y proteger los derechos en cada ámbito público y privado.
La Ley de Comunicación contiene varios avances en materia de derechos deliberativos que los medios en cuestión no han sido capaces de promover eficazmente por estar situados bajo esa estructura dominante.
Podemos citar la obligación de los periódicos de publicar páginas braille; establece el 5% de la programación para los pueblos y comunidades indígenas; precisa los derechos laborales de los comunicadores en temas cruciales como las remuneraciones; clarifica y especifica las condiciones de los derechos a la réplica y a la rectificación para proteger posibles afectaciones a las personas; controla la emisión y publicación de contenidos discriminatorios estableciendo la respectiva sanción de conformidad a los ingresos del medio; define el porcentaje de distribución de las frecuencias en 33% públicos, 33% privados y 34% comunitarios; promociona políticas de transparencia en medios como la obligación de un código de ética y las cifras de publicación de medios impresos; determina el 40% de cupo en pantalla para la producción nacional audiovisual y el 50% de cupo para la promoción de la producción nacional musical; incluye la obligación de que la distribución del pautaje de publicidad cubra a todos los medios: nacionales, locales, privados, públicos y comunitarios; finalmente, cabe destacar dos temas cruciales, el fortalecimiento de los medios públicos y comunitarios y la descripción de principios que aportarían a una mejor aplicación de los derechos de comunicación y los relativos a su aplicación.
No cuesta creer que los medios privados y sus delegados parlamentarios se opongan a una Ley para propiciar y tutelar el ejercicio de ese grupo de derechos deliberativos: los de la comunicación, información, culturales y los de participación que se vinculan a éstos.
Su enorme prejuicio está en pensar que por establecer una entidad de regulación y atribuciones para hacerlo, es una Ley hecha contra ellos; cuando lo que se busca es una normativa que puede estar en contra de la violación de los derechos mencionados, en pocas palabras, es a favor de esos derechos fundamentales de los ciudadanos. Otro prejuicio es pensar que los derechos comunicacionales y deliberativos son propiedad exclusiva de los grandes medios o de sus dueños, cuando le corresponden al conjunto de la comunidad.
Sin Ley, el escenario también es previsible: las empresas que lucran de la comunicación, de la verdad y de la información se dedicarán a seguir haciendo representación política, en reemplazo de los actores políticos, sociales e institucionales; continuarán creando condiciones de espectacularidad en sus programaciones para vaciar de contenidos y sentidos a las posibles formas de intervenir y participar de la sociedad en la esfera pública; a seguir reduciendo las capacidades constituyentes de la ciudadanía para que no tomen la palabra ni puedan crear poder colectivo.
Que le digan al país ¿por qué no apoyan una Ley que reconoce e incentiva diferentes formas para el ejercicio de los derechos a la comunicación, a la información y a las dinámicas participativas de la sociedad para desplegar esos derechos? ¿O será acaso que la respuesta está en que sus intereses, tanto en mantener su maridaje con el poder económico, como en defenderlo frente a las transformaciones políticas y contrahegemónicas, les impide apoyarla –más aún cuando se viene época de campaña y elecciones-? Estos son los riesgos que quiere imponer el orden creado por los grupos corporativos mediáticos.
*Docente universitario