Las recientes irregularidades ocurridas en un banco público, la acusación a ex directivos de la ANT, etc., determinan la necesidad de que la Asamblea Nacional diseñe y establezca un marco jurídico que sancione los actos de corrupción provenientes del sector público y privado.
Este es un problema mundial. En marzo de 1996, en la OEA, se organizó la Convención Interamericana contra la Corrupción, cuyos Estados miembros acordaron establecer mecanismos y medidas para asegurar la eficacia de las medidas y acciones para prevenir, detectar, sancionar y erradicar los actos de corrupción en el ejercicio de las funciones públicas. Posteriormente, se celebró, en diciembre de 2005, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que han sido ratificadas y suscritas por el Ecuador.
En el país, la Constitución de la República de 2008, crea la Función de Transparencia y Control Social (FTCS). Esta entidad está integrada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las 5 superintendencias (Bancos, Compañías, Telecomunicaciones, Economía Popular y Solidaria y de Control de Poder de Mercado). Tiene una Instancia de Coordinación que, entre sus atribuciones, está la prevención y lucha contra la corrupción y articular la formulación del plan nacional de lucha contra la corrupción.
En lo que va de su funcionamiento, la FTCS ha elaborado el Diagnóstico Preliminar de la Corrupción y Propuestas Generales de las Políticas Públicas, en el que se establecen las tipologías (en sector público: peculado, conflicto de intereses, etc.) y factores que favorecen la corrupción. También ha diseñado una matriz de políticas públicas anticorrupción, está por formular el Plan Nacional de Prevención y Lucha contra la Corrupción y un pacto social entre el sector público y privado para enfrentar este mal social.
También preparó el proyecto de Ley Orgánica de la Función de Transparencia y Control Social, del cual la Asamblea Nacional redactó el informe para el primer debate.
En la reciente comparecencia del Superintendente de Bancos en la Asamblea Nacional, sobre el banco Cofiec, cuya propiedad corresponde a la Unidad de Gestión de Derecho Público del Fideicomiso No más Impunidad (Ugedep), señaló que se violaron procedimientos en la concesión de créditos, que carecían de documentación y garantías adecuadas, y al parecer también se presentan conflictos de intereses, etc. En otro caso, en CNT, hay denuncias, contra su ex director, de compras irregulares en chalecos y materiales, para citar los casos más recientes de acusaciones de corrupción.
Una publicidad dice que los corruptos no pasarán, otra que somos de manos limpias, etc. Es el momento de erradicar este mal, para lo cual consideramos fundamental una ley anticorrupción que permita a la Fiscalía y a la Justicia aplicar sanciones severas, caiga quien caiga, observando la legítima defensa, incautar sus bienes y llevarlos a la cárcel, a fin de terminar con este cáncer social, lo cual pone en evidencia la necesidad de un código de ética pública. Es un problema también del sector privado.