Es necesario para quien se dedica a la política entender la democracia y la república, pues es parte de conocer el Estado, el respeto a la independencia de sus funciones, sus pesos y contrapesos; para administrarlo, aprobar normas y servir a sus ciudadanos.
Montesquieu, en el Espíritu de las Leyes, afirma que “el amor de la democracia es el de la igualdad”, y que el amor de la igualdad y la frugalidad se fomentan extraordinariamente con ellas mismas.
Así, quien hace la ley debe propender a la moderación y al bien común, entendiendo este como su rol esencial.
Sin embargo, en nuestro país, estamos lejos del deber ser. El asambleísta actúa por intereses personales, no colectivos y, en ocasiones, de forma irresponsable, mermando la institucionalidad y sin la sobriedad con la que se deben tratar los asuntos de la nación.
Ejemplo de ello es el proyecto Ley Familia, propuesta inconstitucional, que pretende dar derechos a una forma de organización por encima del individuo; en su texto intenta impedir que la justicia intervenga en asuntos de “familia”, invisibiliza la violencia intrafamiliar e instituye la mediación religiosa; todo esto en un Estado laico y vulnerando el principio de igualdad. Fundamentalismos que se suman a la banalización de los problemas sociales.
Esta misma semana otro asambleísta, en sus redes, hizo mofa de la situación crítica de un ciudadano chino, en medio de esta crisis internacional de salud pública; cuando su deber era velar porque el Estado ecuatoriano adopte medidas emergentes.
Actualmente, pocos legisladores saben que su tarea es vital para la república, que hacer leyes en el marco constitucional es su herramienta para mejorar la vida de la gente.
Por tanto, frente a esa responsabilidad no se puede trivializar; su desempeño incide en la confianza de sus votantes en el sistema democrático. Entre mejor la legislatura, menos outsiders, dadivosos y gobiernos despóticos. (O)