Un presidente que renuncia por la televisión, un exmandatario que se suicida para evitar ser detenido, otro que espera en una cárcel de Estados Unidos ser extraditado o que la principal líder opositora pase a prisión preventiva parecen episodios de una serie de cable, pero estos hechos son solo una parte del saldo que han dejado en Perú las investigaciones en torno a la enorme trama de corrupción de Lava Jato.
Si bien es cierto que esto estalló en Brasil en 2014, recién el 21 de diciembre de 2016 obtuvo resonancia en la región. Ese día, el brasileño Marcelo Odebrecht, expresidente de la constructora Odebrecht, reveló al Departamento de Justicia de EE. UU. que pagó, para obtener licitaciones de obras públicas aproximadamente $ 788 millones en sobornos a gobiernos de 12 países, en su mayoría de América Latina.
Odebrecht señaló que había entregado $ 29 millones a funcionarios con altos cargos en Perú entre 2005 y 2014, durante las presidencias de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala. Poco después, la Fiscalía peruana formó el equipo especial Lava Jato para empezar con las investigaciones.
En el caso peruano, la figura clave para obtener más información era el expresidente de la oficina de Odebrecht en Lima, Jorge Barata, quien junto a otros representantes y exdirectivos de la empresa firmó el 15 de febrero de este año un acuerdo de colaboración eficaz con la Fiscalía que permitirá la entrega de pruebas y testimonios. Además, la empresa se comprometió a pagar alrededor de $ 180 millones al Estado peruano.
“Les dimos (dinero) a todos en Perú bajo la misma modalidad”, precisó Barata a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez sobre los aportes de campaña electoral, que fueron siempre en efectivo y no a través de offshore. Para ese fin, según reveló, la empresa brasileña tenía la denominada Caja 2.
La Fiscalía se comprometió a no usar en su contra la información que entreguen y a levantar la inhabilitación para participar en licitaciones con el Estado. “Para algunos es una forma pragmática de llegar a la verdad, para otros significa que algunos lograrán impunidad. Pero recordemos que estos eran sobornos bien estructurados. No creo que hayamos podido llegar a este punto sin la declaración clave de Barata”, explica a DW la politóloga experta en temas de corrupción de la Universidad Humboldt de Berlín, Denisse Rodríguez. Todo esto dejará huella en Perú, aunque el desenlace de la trama Lava Jato parece no tener, todavía, un capítulo final a la vista. (O)
* Tomado de la DW