Guillermo Lasso pretende representar a la familia ecuatoriana, pero desconoce su más caro anhelo: la educación superior de sus hijos(as). No aquella que arroja a abogados a trabajar de albañiles, o a ingenieras a manejar taxis, como lo contaba un estudiante al referirse a la mala calidad de su universidad. No. Las familias medias y pobres anhelan una buena educación y esta solo puede garantizarla la política pública, que este candidato de derecha a la Presidencia propone eliminarla con su oferta de suprimir la Senescyt.
Casi medio siglo a la deriva pasaron nuestras universidades por el abandono del Estado oligárquico-neoliberal, como lo demostraron las evaluaciones del Conuep (1987-1989) y del Mandato 14 (2009). Ambas coincidieron en identificar, precisamente, a la falta de política pública como núcleo de la debacle universitaria expresada en la inexistencia de un sistema de educación superior, autarquía disfrazada de autonomía, divorcio de la sociedad, mercantilización y privatización, ineficiencia terminal, precarización docente, ilegalidad en el funcionamiento, marginalidad de la investigación científica, oferta académica caótica, desregulada y no pertinente, a lo que la evaluación de 2009 sumó brechas tecnológicas entre IES, problemas en el ejercicio de los derechos y graves brechas de género, todo lo cual había devastado la calidad académica de la educación terciaria.
Es esa herencia nefasta la que ha buscado superar la Revolución Ciudadana recuperando la política pública como eje de una reforma que, no me cabe duda, será reconocida como un hito de nuestra historia universitaria. Esta ha otorgado centralidad a la calidad, que durante el neoliberalismo fue solo un membrete. Por ejemplo, entre 2002-2009 apenas 5 universidades (7%) fueron evaluadas y acreditadas. En cambio, entre 2009-2016 se han evaluado por dos ocasiones y más al 100% de universidades, extensiones e institutos superiores y han empezado a ser evaluadas las carreras. Resultado: se han depurado del sistema 17 universidades y 44 extensiones de ‘garaje’, poniéndose punto final al fraude académico, que tanto perjudicó a las familias ecuatorianas. Pero, fundamentalmente, esta reforma está asegurando un real compromiso de las propias universidades con el mejoramiento de su calidad, evidenciado en el ascenso de categoría del 52% de IES de grado (29) entre 2009-2016, incrementándose de 3 a 6 el número de universidades que hoy integran la categoría A.
Esto es solo una muestra de lo que se ha logrado y que se está visibilizando a propósito de la contrarreforma propuesta por Lasso, que pretende volvernos a ese desastroso pasado. Revela tanta ignorancia cuanto la típica indiferencia con la que la oligarquía miró siempre a nuestra universidad y, con ello, a las familias humildes ecuatorianas.
Después de todo, ¿qué puede interesarle la soberanía en la producción de arte, ciencia y tecnología a un banquero cuya vida se basa en la especulación, cuyo norte es la dependencia y cuya política e ideología es neocolonialismo puro? (O)