Parecería que las normas internacionales y nacionales sobre la igualdad de género no afectan la vida de las mujeres, pero el hecho de que existan políticas públicas que impulsan su participación, incide en las vidas de las personas y en el avance de sus derechos.
Ya en los años 60 se establecían en los estados de Europa y Estados Unidos iniciativas para la igualdad de oportunidades que propendían a la inclusión social -dentro de la vida de un país- a personas de diferente raza, credo y género. Respecto a las mujeres, se crearon políticas de acción afirmativa para promover la igualdad; estas se traducían en políticas de “discriminación positiva” que las protegían, dándoles oportunidades económicas, educativas y de otra índole con el objeto de que pudieran obtener los mismos derechos que los hombres. En los años 70, en los Estados Unidos, las políticas de discriminación positiva hicieron, por ejemplo, que las mujeres pudieran acceder a becas de apoyo para su educación. Yo misma fui beneficiaria de esas políticas.
El Ecuador ratificó ser parte de la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en 1981. Esa convención solicitaba a los estados el establecimiento de medidas especiales, de carácter temporal, encaminadas a acelerar la igualdad entre hombres y mujeres, mediante la participación de las mujeres en la vida política y pública. Para ello debían garantizar, por ejemplo, que al mismo tiempo que las mujeres tuvieran el derecho a votar, debían ser elegibles para todos los organismos cuyos miembros fueran objeto de elecciones públicas, en igualdad de condiciones que los hombres.
Tanto el acceso a la educación, como los avances científicos que permitieron a las mujeres controlar su fecundidad y aún más importante, la lucha por la igualdad de derechos desplegado por el movimiento de mujeres a nivel mundial, permitieron que las mujeres salgamos al espacio público.
En 1997, el movimiento de mujeres del Ecuador logró que se promulgue la primera Ley de Cuotas, ley pionera de la paridad para la elección de mujeres a la Asamblea. Esta medida de acción afirmativa hizo que los partidos políticos se vieran obligados a seguir los principios de alternabilidad y secuencialidad de hombres y mujeres en la conformación de sus listas electorales. En ese entonces también me beneficié de esa política porque fui buscada –entre otras mujeres- para que la Democracia Popular pudiera inscribir sus listas. Fui elegida más tarde como representante de mi provincia al Congreso.
La Asamblea Constituyente que tuvo lugar en 1997 y 1998 incorporó un enfoque de género al marco constitucional ecuatoriano. A pesar de que sólo siete de los setenta asambleístas electos fueron mujeres, se consiguieron importantes avances en materia de igualdad.
En el Ecuador, las acciones afirmativas constituyeron y constituyen una herramienta efectiva para concretar el principio de igualdad. Han dejado de ser medidas transitorias para convertirse en definitivas, tanto que están plasmadas en la Constitución de la República del 2008 que en su artículo 70 determina que, “El Estado formulará y ejecutará políticas para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, a través del mecanismo especializado de acuerdo con la ley, e incorporará el enfoque de género en planes y programas, y brindará asistencia técnica para su obligatoria aplicación en el sector público.”
La implementación de las acciones previstas en la Constitución ecuatoriana se puede evidenciar en la Ley Reformatoria a la Ley de Elecciones que estableció el deber de los partidos y movimientos políticos de conformar sus listas en forma secuencial y alternada, aumentando de forma progresiva hasta llegar a la paridad; o en la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad, que participa en la formulación, observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas hacia la garantía del derecho de igualdad y no discriminación. El Consejo Nacional para la Igualdad de Género, es responsable de asegurar la formulación de políticas y seguir la plena vigencia y ejercicio de los derechos de las mujeres y las personas LGBTIQ+ y construyó la Agenda Nacional para la Igualdad de Género 2021-2025, un instrumento de planificación que contiene propuestas de políticas públicas, entendidas como mecanismos para la transversalización de los enfoques de igualdad, que deben ser considerados en los instrumentos de planificación nacional, sectorial y local.
Acciones afirmativas han ido traduciéndose en formulación de leyes, políticas públicas y programas que inciden en mil formas para que las mujeres ecuatorianas logremos paulatinamente la igualdad. Al menos están el en papel, pero ya hay evidencia de que los estamentos públicos están obligados a crear sus propios planes de igualdad y a ejecutarlos.