Por el periodismo y por la tan invocada libertad de expresión, el caso Correa contra Emilio Palacio, El Universo y sus directivos, debe ser analizado con objetividad y responsabilidad, por estar en juego derechos fundamentales del ser humano, como son su libertad a expresar sus ideas y a tener acceso a información, así como el respeto a los derechos y reputación de los demás, tal como se establece en el Pacto de San José.
En consecuencia, comparto con ustedes mi análisis sobre el cuestionado artículo “No a las mentiras” y con este fin lo cito:
“ El Dictador debería recordar, por último, y esto es muy importante, que con el indulto, en el futuro, un nuevo presidente, quizás enemigo suyo, podría llevarlo ante una corte penal por haber ordenado fuego a discreción y sin previo aviso contra un hospital lleno de civiles y gente inocente.
Los crímenes de lesa humanidad, que no lo olvide, no prescriben”. Fin de la cita, Hay quienes dicen que con el verbo “podría”, el articulista está refiriéndose a una mera posibilidad, pero lo que hay que analizar es cuál es esa condición o posibilidad y para ello lo que nos tenemos que preguntar es: ¿Podría qué? La respuesta la da el párrafo citado, para “llevarlo ante una corte penal”.
Hasta aquí no hay problema porque la condición solo se refiere a una posibilidad de ir a la Corte. Donde está el problema para el articulista es en la afirmación que viene luego: “por haber ordenado fuego a discreción”.
Sin duda, hay una afirmación sobre la ocurrencia de un delito, cuya responsabilidad el articulista asigna a Correa en calidad de Presidente de la República.
Pero el problema se le profundiza aún más, cuando uno se pregunta: ¿Contra quién ordenó fuego a discreción el Presidente? y aquí la afirmación de Palacio es contundente: “contra un hospital lleno de civiles y gente inocente”.
El ex editor de opinión de El Universo hizo una acusación sobre la ocurrencia de un hecho ilícito que, por lo visto, no ha podido comprobar, por lo que los jueces lo han inculpado bajo la figura de injuria calumniosa.
Las graves consecuencias de este artículo para el país y los involucrados debe llevarnos, a quienes hacemos opinión, a reflexionar sobre nuestro rol y el alcance de nuestra libertad y responsabilidad.
En el Pacto de San José dice que toda persona tiene derecho de tener acceso a información y a expresarse libremente, pero que este derecho debe estar sujeto a responsabilidades ulteriores, con el fin de asegurar la reputación de los demás.
Al amparo del Pacto de San José reflexionemos si el articulista pudo ejercer su libertad de expresión, si al afirmar un hecho grave, cuya responsabilidad asignó a un tercero, debió asumir la responsabilidad de probarlo, y si el ofendido, como consecuencia de esa afirmación, tiene derecho de defender su honra.