Al prometer una revolución en la educación superior ecuatoriana, la dupla Rafael Correa y René Ramírez vendieron humo al Ecuador. Solo lograron destruir la educación superior y casi con total seguridad, diría que los únicos títulos de valor que expidieron reposan en algún paraíso fiscal y de algunas cuentas ardientes. El esperpento más grande de esa seudo revolución se llama Yachay.
Se inventaron un nanosatélite que lo llamaron Pegaso. Duró 21 días en órbita antes de desaparecer. Dicen que se estrelló contra una mosca intergaláctica.
Al visitar ese monumento al despilfarro y la corrupción (4.430 hectáreas) me causó ataque de bilis y de indignación. Se puede constatar a leguas, edificios mal construidos y por supuesto, abandonados; tierras altamente productivas tapadas con cemento y se sabe que hubo destrucción arqueológica de la riqueza cultural caranqui. En ese Silicon Valley criollo no funcionan ni las tiendas de fritada y yahuarlocros que se instalaron con la esperanza de mejorar la economía de los vecinos.
Luego con bombos y platillos firmaron un convenio con una empresa inexistente Red Tech para que esa universidad produzca autos eléctricos. La inversión fue de 3.000 millones de dólares. Tesla Motors contradijo y desbarató la tarima montada en fraudes y mentiras.
La otra joya de la corrupción y el despilfarro fue el de financiamiento de la universidad ecuatoriana a favor de las universidades europeas y norteamericanas. Otorgó becas por 600 millones de dólares que, en su mayoría fueron otorgadas a los hijos de militantes y adherentes de la Revolución Ciudadana. Se estima que tan sólo el 20% de las becas fueron conferidas de acuerdo con méritos académicos y con las necesidades de desarrollo del país.
La universidad ecuatoriana, mediante concursos teledirigidos, incorporó a cuadros del correísmo para dar sostenibilidad administrativa a la aventura socialista del siglo XXI.
Los claustros universitarios y la ciudadanía esperan con avidez que la nueva Ley de Educación Superior enviada por el presidente Lasso sea aprobada por la Asamblea y por fin arranque el despegue de la calidad de la educación superior ecuatoriana.
La ley se fundamenta en los siguientes ejes: libertad y autonomía para decidir, ampliación de la oferta académica y mejoramiento de los procesos de admisión.
El proyecto de ley auspicia que sean los estudiantes quienes puedan escoger la carrera que más les interesa. La autonomía regresa a la universidad y aunque no desaparece la Secretaría Nacional de Ciencia y Tecnología (Senescyt) como fue la propuesta de campaña, los centros de educación superior podrán generar nuevas ofertas de formación académica.
Al mismo tiempo se permite que las universidades organicen sus cursos de nivelación determinando los costos institucionales. En épocas de pandemia estos cursos serán, diría yo, de carácter obligatorio para subsanar la mayoría de los vacíos de la teleducación.
El Consejo de Educación Superior (CES) ya no estará conformado por políticos, sino que estará compuesto por docentes universitarios. Y tan sólo esta reforma ya dotará de una nueva direccionalidad no sólo administrativa sino también académica.
La buena noticia es que en el Consejo de Administración Legislativa (CAL) tan sólo el correísta y exmiembro de los Latin King, Ronnie Aliaga se opuso al tratamiento de la nueva ley.