El Gobierno Nacional anuncia transferir en aproximadamente dos meses la competencia del riego y drenaje a los gobiernos provinciales, autónomos y descentralizados. Esta política de transferencias actualmente se encuentra por primera vez establecida en la Constitución de la República de 2008.
En otras palabras, esto significa la descentralización de la administración del riego, lo cual es una de las actividades de producción básicas del país, la cual utiliza el mayor volumen del recurso hídrico con el que contamos, representando aproximadamente el 50% del volumen total utilizado por sus varios usuarios, con un valor que financieramente se ha calculado en más de mil millones anuales de dólares americanos.
La administración del riego ha sido históricamente un problema permanente para las autoridades gubernamentales y no solucionado en el lapso del ejercicio de su paso por esta dirección, pues las soluciones establecidas necesitaban de una vigencia permanente en el tiempo para obtener sus resultados.
La crisis de la administración del riego es permanente entre los pequeños usuarios del agua y en los sistemas de riego construidos y administrados por el Estado, la cual también tiene relación con el control de la gestión del riego privado.
Problemas similares a los indicados han sido observados en otros países subdesarrollados como el nuestro. El origen de los mismos se inicia con la desconfianza de los usuarios con respecto a los administradores ajenos al medio a donde van a desarrollar sus actividades.
La decisión del Consejo Nacional de Competencias (CNC) está en el camino de superar esta desconfianza al traspasar la administración del riego a las autoridades provinciales conocidas localmente y nombradas democráticamente.
Es necesario insistir que la utilización de los recursos hídricos no es únicamente una actividad técnica, es también una manifestación cultural y de organización social para mejorar la calidad de vida. Por esta razón los planes de riego deben establecerse armónicamente con los programas de agua potable de los cabildos y parroquias.
Los programas de capacitación de los usuarios deben ser interdisciplinarios y permanentes, así como la urgencia de establecer los distritos de riego y organización legal de las juntas de riego mediante un catastro, sin el cual no es posible establecer una administración efectiva y permanente del riego y drenaje de parte de los gobiernos provinciales.