Después de siete años de dictaduras militares -la dirigida por el general Guillermo Rodríguez Lara (febrero de 1972 a enero de 1976) y la del triunvirato militar que se denominó Consejo Supremo de Gobierno, conformado por los jefes de las tres ramas de la Fuerzas Armadas (enero de 1976 a agosto de 1979)-, en 1978, los ecuatorianos regresaron a la democracia como sistema de designación del Gobierno. Desde ese año, se han promulgado y entraron en vigencia tres constituciones (1978, 1998 y 2008) y han existido algunas reformas a las reglas electorales.
Desde el nacimiento de la República del Ecuador en 1830, se mantiene la noción de que el Gobierno debe ser elegido por el pueblo. Las 20 constituciones que han sido promulgadas por los “padres de la Patria” (1830-2008), todas coinciden en que el poder político emana de la soberanía popular. No siempre se cumplió ese mandato supremo.
De acuerdo a la Constitución de 2008, aún vigente, el Artículo 1 dice: “El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada.
La soberanía radica en el pueblo, cuya voluntad es el fundamento de la autoridad, y se ejerce a través de los órganos del poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución…”. Esta realidad, convertida en precepto constitucional, es el clave para motivar la acción ciudadana.
La prioridad de cada ciudadano debe ser vigilar que su voluntad se respete y nadie, por ningún motivo, pueda cambiar su decisión electoral. Antes, durante y después de las elecciones próximas, cada elector debe convertirse en un reportero que documente y difunda todo hecho que le parezca irrespetuoso a las reglas electorales.
La soberanía es el poder superior que radica en el pueblo. Por lo tanto, la voluntad del pueblo debe ser obedecida y aceptada sin discusión alguna. (O)