En las décadas más recientes se ha vuelto tendencia en algunos países sudamericanos que gobiernos identificados con una línea progresista impulsen procesos constituyentes dirigidos a cambiar las normas fundamentales, esto sucedió a finales de los noventa con Venezuela, 2008 y 2009 con Ecuador y Bolivia, respectivamente. Colombia y Perú se mantienen con sus constituciones, aunque con numerosos ajustes producto de reformas. El gobierno de Gabriel Boric en Chile también busca cambiar la Constitución de 1980 aprobada en la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Un tiempo antes de la vigencia de las más actuales constituciones de esta parte del mundo, la Constitución era entendida como instrumento político antes que como uno jurídico que traza las líneas fundamentales para el Estado y la sociedad. Las más recientes, de Venezuela, Ecuador y Bolivia, fueron impulsadas por gobiernos del fracasado Socialismo del siglo XXI, las tres tienen mucho en común, por ejemplo, el valor de norma jurídica suprema, única en su género, con lo cual encarnan un programa político y a la vez son instrumento jurídico incontrastable; también reconocen derechos como nunca antes y concentran el poder; tienen avances en lo dogmático y retrocesos en lo orgánico que corresponde a la estructura estatal.
Una Constitución sirve para sentar las directrices sustanciales de la organización y funcionamiento del Estado y su relación con la sociedad, limita al poder definiendo un esquema de equilibrios entre las funciones públicas, reconoce y garantiza amplios listados de derechos de diverso tipo; también define aspectos de los planos fiscal, económico e internacional. Lo mejor es que la Constitución tenga estabilidad y permanencia en el tiempo, lo que puede lograrse mediante procesos de adaptación a través de reformas e interpretaciones de las cortes constitucionales u otras altas magistraturas.
Un pilar de la gestión del Presidente Boric constituye el cambio de Constitución, de lo cual dependerían nuevas leyes para lograr transformaciones sociales y económicas, pero el pueblo chileno que en octubre de 2020 mediante plebiscito mayoritariamente (78%) dispuso cambiar la Constitución, ahora acaba de rechazar mayoritariamente la aprobación del texto elaborado por la Convención Constituyente -dominado por la extrema izquierda e independientes-, lo cual es un golpe para el poder de turno, que tendrá que procesar las causas del resultado obtenido para impulsar un nuevo proceso que esta vez sea exitoso.
Líderes de opinión, encuestadoras, analistas y gente informada del proceso coinciden al señalar factores que habrían determinado los resultados del referéndum, desde tópicos de fondo a otros generales, así: riesgo de asimetría de poderes entre la cámara de diputados y el senado; complejo control del gasto y la deuda; poca garantía de independencia judicial; debilitamiento del sistema político como riesgo para la gobernabilidad y la paz; paternalismo; menor control democrático y decisiones colectivas; se tilda al proyecto de demasiado extenso, confuso, radical, defectuoso, no progresista, deficiente, lo que también debilitaría la democracia. Se observa también que el proceso constituyente habría sido malo, que ha generado inestabilidad e incertidumbre por temas como la plurinacionalidad, el buen vivir y las autonomías indígenas. El proyecto rechazado mayoritariamente cargaba la tinta en cuestiones como: paridad de género, Estado social y democrático, ecología, decisiones de pueblos indígenas; se buscaba pasar de un Estado subsidiario de cariz neoliberal a uno más bien asistencialista marcado por el progresismo.
Peter Häberle ha hablado de las “etapas textuales” y del “efecto contagio” constitucional, es decir, que las constituciones se van revistiendo de una especie de capas normativas donde las más nuevas reemplazan a las anteriores y las superan en calidad, lo que se evidenciaría con avances en materia de derechos; y, que cuando hay novedades en las constituciones de los países vecinos ocurre una especie de contagio que impulsa a los pueblos a mirar y hasta a copiar las soluciones introducidas en las de los vecinos. Entonces, el proceso constituyente chileno al parecer se contagió parcialmente de los anteriores de Venezuela, Ecuador y Bolivia, de allí lo complicado de los mismos y las tensiones que generan.
Ahora Gabriel Boric tiene en sus manos una papa caliente; tendrá que encausar por medio del congreso un nuevo proceso constituyente apuntando a profundizar la democracia como generadora de paz social. Debe incidir positivamente en los ámbitos de la salud y pensiones, economía -inflación-, seguridad pública, voto obligatorio, equidad y derechos en general, ambiente y pueblos indígenas. Todo indica que el proceso será responsabilidad de la centro izquierda y de la derecha, más identificados con una mirada ortodoxa; es posible que se lo construya desde el consenso del centro político. El proceso debería culminar en 2024, al menos un año antes de las elecciones municipales y dos antes del fin del periodo presidencial, lo que será posible solo con un proyecto basado en mayor participación que incluya distintas miradas, para generar certeza y adhesión de la mayoría de chilenos para conseguir una verdadera transformación de la realidad.