Los argumentos contrarios al pacto ético propuesto por Rafael Correa oscilan entre el cinismo y el disimulo. Los cínicos, esgrimidos por la derecha y sus aliados, sostienen que la inversión en paraísos fiscales es beneficiosa para Ecuador. Es el caso del candidato banquero que defiende su millonaria empresa en Panamá -catalogado como paraíso fiscal por varios Estados y organismos-, porque “canaliza la inversión extranjera al país”. De acuerdo a los entendidos, la lógica del negocio es inversa: convertir los depósitos del país en depósitos en el paraíso fiscal para luego prestárselos al banco en el país. Como dice Óscar Ugarteche: “Su propia plata se la prestan… De esa manera el banco no tiene utilidades (en el país de origen), tiene utilidades (en el paraíso fiscal), donde no paga impuestos”, añadiendo que “es un viaje redondo de dinero”. A la medida del banquero.
Para este candidato, no hay problema ético en la exportación de capitales a Panamá, pese a que el objeto de un paraíso fiscal es la evasión fiscal. Más aún, públicamente ha confesado que lo ha hecho para evadir las “leyes del correísmo” que coartan su ‘libertad’ de inversión, concepto que lo repiten sin vergüenza sus pares socialcristianos y dirigentes empresariales. Pero, no solo la derecha se ha expresado en este tenor. Un ‘socialdemócrata’ aliado de los socialcristianos arguyó que en un país “donde se persigue al empresario decente, lógico que este se verá precisado a sacar sus recursos”. Cabe preguntarse, ¿qué significa libertad en este contexto? ¿Acaso fuga de la presión tributaria? Y si perseguir es “seguir al que huye”, ¿de qué huiría un empresario decente? ¿Acaso de sus obligaciones tributarias?
Por otra parte, está el disimulo de los autodefinidos como ‘demócratas’ y ‘de izquierda’ porque detrás de sus argumentos contrarios al pacto ético silencian los verdaderos contenidos de este. Un ‘demócrata’, hoy aliado de la derecha, ha dicho que el pacto “en nada ayuda a fortalecer la democracia”, ocultando la relación entre régimen tributario y capacidad de un Estado -vía inversión pública- para garantizar el acceso a los derechos humanos de los(as) ciudadanos(as), objetivo profundo de la democracia. Y otro precandidato supuestamente ‘de izquierda’ lo ha rechazado argumentando que prohibir la inversión en paraísos fiscales ¡podría afectar la inversión nacional y extranjera! Más allá de que ningún capital financiero evasor tiene una vocación productiva, en este caso se silencia la lucha contra las desigualdades que implica el pacto ético, al combatir la evasión tributaria y la concentración de la riqueza, tesis históricas de la izquierda ecuatoriana y mundial.
Las negativas de estos opositores a la propuesta de Correa han mostrado su total falta de compromiso y desconocimiento de las serias preocupaciones e iniciativas desarrolladas a nivel mundial por Estados, organismos internacionales y ONG para acabar con los paraísos fiscales como verdaderas plagas que secuestran el desarrollo y la democracia. Cabe preguntarse, entonces, ¿para qué quieren la Presidencia de la República? (O)