Después de varios años e iguales intentos, está cercano el día de su expedición por parte de la Asamblea, que a través de los miembros de la Comisión de Educación y Cultura, realiza su ‘socialización’. La convocatoria en Guayaquil se cumplió en días pasados; tuvo un carácter amplio e inclusivo. Para muchos asistentes fue la primera aproximación al texto de la misma.
Se evidenció el gran interés que el tema despierta en amplios y variados círculos. Quienes intervinieron representaban a diversas asociaciones relacionadas con la música, el cine, la actividad editorial, el folclor, las artes circenses, la gestión cultural, la danza, los conservatorios, y un largo etcétera. Posiblemente para dar a todos la oportunidad de expresar sus inquietudes, no se puso límites a las intervenciones. La Casa de la Cultura, la Orquesta Sinfónica, la Universidad de las Artes se hicieron presentes a través de sus directivos.
Con tal oportunidad revisé un texto que data de octubre de 2007 y que es suscrito por el primer ministro del ramo, el poeta Antonio Preciado. Con el título ‘Plan Nacional de Cultura de Ecuador’, se presenta en versión preliminar, como “un documento para el diálogo sobre las políticas y acciones culturales necesarias en Ecuador”, planteándose como “un camino hacia la Revolución Ciudadana desde la cultura 2007-2017”. En su elaboración participó un selecto grupo de intelectuales y artistas, con la coordinación técnica de la Unesco, a través de un convenio con la Cancillería. Estuvieron representadas organizaciones interétnicas y de género, la Senplades y la Casa de la Cultura, recalcando su calidad de proceso en construcción, abierto y flexible.
Con esa base y las disposiciones constitucionales (Sección Quinta, arts. 370 a 380) emitidas en 2008, la Ley de Cultura pudo hacerse realidad en poco tiempo. La inestabilidad en la conducción del ministerio conspiró sin duda en la demora. Un aspecto a considerar en las rectificaciones al proyecto es la necesidad de eliminar cierta frondosidad en los órganos de dirección de las entidades a crearse. La viabilidad se contrapone al número excesivo de integrantes de aquellos. Ojalá se afirme una justa representación de los diversos sectores, sin que ello implique que cada uno ‘ponga’ su delegado. Hay otras disposiciones un tanto oscuras que deben aclararse, pues se advierten ciertas contradicciones y en algunas, la muy difícil aplicación de la norma. En lo que respecta a la reunión de Guayaquil, se hicieron las observaciones puntuales al respecto. Junto a las recogidas en el país, seguramente muchas serán incorporadas.
La expedición de la ley constituye un gran avance, no solo para el mundo de la cultura, sino para el país. La mayoría de las intervenciones debieron ser dirigidas, no a los miembros de la Comisión, sino al Ministerio. Ojalá con él se realicen reuniones similares que marquen mayor cercanía entre los actores culturales y la entidad rectora. La dotación de recursos es fundamental y será un indicador de la importancia que para el Estado represente la cultura. (O)